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La opaca sombra de Cristina Álvarez o cuando una asesora pública se convierte en factótum de asuntos privados y remunerados de Begoña Gómez, según la Red Social X

By Capitán Possuelo
30/09/2025
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En el torbellino de escándalos que rodea al entorno de Pedro Sánchez, emerge con fuerza la figura de Cristina Álvarez, asesora en Moncloa y mano derecha de Begoña Gómez.

Nombrada directora de programas en el Gabinete de Presidencia en julio de 2018, Álvarez ha cobrado más de 300.000 euros de fondos públicos en seis años.

Sin embargo, los correos electrónicos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelan un patrón alarmante: su dedicación sistemática a los negocios privados de la esposa del presidente, en detrimento de sus obligaciones oficiales.

Este informe, entregado al juez Juan Carlos Peinado ayer 29 de septiembre de 2025, no es un mero detalle burocrático, sino una radiografía de posibles irregularidades que bordean la malversación.

Los 121 correos intercambiados entre Álvarez y Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), cubren desde abril de 2021 hasta junio de 2024.

Lejos de ser “pequeños favores personales”, como defendió Gómez en su declaración judicial, estos mensajes demuestran una implicación constante en la gestión de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, codirigida por la investigada.

Álvarez no solo mediaba en negociaciones con patrocinadores como Mercadona, Indra o Reale Seguros, sino que impulsaba cláusulas contractuales clave.

En un correo del 16 de febrero de 2022, propone a Doadrio que una empresa como Mindway destine el 10% de sus beneficios a la cátedra, bajo amenaza de no poder usar los contenidos generados si rescinde el acuerdo.

“Queremos que, en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10 por ciento”, escribe con autoridad, firmando en ocasiones como “Begoña Gómez” desde su cuenta personal de Gmail.

Esta vorágine de actividad privada durante horario laboral es incompatible con su rol público. La UCO destaca cómo Álvarez organizaba conferencias, captaba donaciones y tramitaba adendas con empresas, tareas que consumían horas de una jornada pagada por el erario público.

Un ejemplo paradigmático: el 16 de julio de 2021, informa a Doadrio de una “nueva adenda a la Cátedra de Mercadona”, remitida por Gómez.

O el 6 de septiembre de 2022, cuando recibe de Indra un documento firmado y coordina su circulación entre socios, con copia oculta al vicerrector.

Incluso gestiona certificados para Hacienda de donaciones de Reale Seguros, solicitados en julio de 2021, firmando falsamente como la propia Gómez.

Estos no son favores esporádicos; son 30 correos al año, en días laborables, que evidencian una dedicación exclusiva a potenciar el lucro privado de la primera dama.

La crítica no se agota en la ineficacia administrativa. Álvarez, como alto cargo de Presidencia, estaba obligada a priorizar el interés general, no a actuar como secretaria ejecutiva de una cátedra universitaria.

Su defensa, alineada con la Fiscalía y Gómez, intenta bloquear el análisis de siete años de correos oficiales, alegando “desmesura”. Pero esta maniobra dilatoria solo agrava la percepción de opacidad.

¿Cuánto tiempo y recursos públicos se desviaron para inflar un máster que, según los indicios, generaba beneficios indirectos?

La UCO corrobora “contactos mantenidos con diferentes instituciones que colaborarían con la cátedra”, desmontando la versión de “gestiones puntuales”.

En un contexto de presupuestos ajustados, esta priorización del privado sobre el público huele a abuso de poder.

Peor aún, el silencio institucional agrava el escándalo.

Mientras el juez Peinado amplía la pesquisa al Instituto de Empresa, solicitando más correos, el Gobierno guarda mutismo.

Álvarez no solo falló en su labor; la pervirtió, convirtiendo Moncloa en un hub de favores académicos.

Si estos correos apuntan a malversación (como sugieren los indicios sólidos), el jurado popular que podría juzgarlo no perdonará la traición a la confianza pública.

España merece transparencia, no asesoras que navegan en la ambigüedad ética.

Es hora de que Cristina Álvarez y Begoña Gómez rindan cuentas, no solo ante un juez, sino ante la ciudadanía que las remuneró.

El Atalayero

TagsBegoña GómezCorrupción socialistaCristina ÁlvarezEl AtalayeroPedro Sánchez
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Es el seudónimo de Anacleto Rodríguez Moyano, un veterano periodista y escritor con una larga y prestigiosa carrera profesional

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