La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha rechazado acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia por haber sido convocada “de forma ilegal” y ha acusado al Gobierno de España de querer “prolongar” el reparto “forzoso de menores extranjeros no acompañados.

Lo ha anunciado este miércoles en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras conocerse que el Ministerio de Juventud e Infancia iba a informar a las comunidades autónomas sobre el número de plazas mínimas de las que deben disponer para la acogida de menores migrantes solos.

“La Comunidad de Madrid no va a participar de la política migratoria temeraria de Pedro Sánchez. Por coherencia y respeto a la legalidad, hoy no asistiré a la conferencia sectorial de infancia y adolescencia convocada de forma ilegal”, ha censurado Dávila.

En este sentido, ha alertado de que el Ejecutivo central quiere “prolongar” el reparto “forzoso de menores entre las comunidades autónomas “como si fueran paquetes y en contra de su voluntad”, una situación que califica de “inhumano”.

“Es una convocatoria ilegal porque fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades autónomas. Además, ya se ha cumplido el año del plazo del decreto para el traslado forzoso de menores recurrido ante la justicia por la Comunidad de Madrid”, ha apuntado.

Ante esta situación, Dávila ha insistido en que “no hay cobertura legal” para continuar con “este atropello a las competencias autonómicas y a la dignidad de las personas”. “Sánchez y sus ministros quieren continuar siendo el último transportista de las mafias. Madrid no se lo va a permitir”, ha remarcado.

Precisamente esta semana la Consejería de Familia, Juventud Asuntos Sociales remitía al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, liderado por Ángel Víctor Torres, una carta en la que avanzaba que no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados sin cobertura legal.

En referencia al el Real Decreto-ley 2/2025, el Ejecutivo regional señalaba que el mecanismo extraordinario de reubicación dictado por el mismo “ya carece de cobertura jurídica tras expirar los plazos previstos”.

“La aplicación del real decreto y su desarrollo posterior han derivado, en la práctica, en un sistema de traslados que ha ignorado la necesaria coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, lo que es más preocupante, su propia voluntad y su situación familiar”, expresó Dávila.