Una vez más, el tirón de orejas a la producción legislativa del Gobierno ha llegado de la mano de la Comisión Europea. Si a unos meses de que España asuma la Presidencia de la UE, planea en las tareas pendientes la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la Comisión de Justicia exige renovar, previa despolitización, ahora, el órgano ejecutivo de europeo se ha propuesto endurecer la respuesta comunitaria a los delitos de corrupción.

Y lo ha hecho con una propuesta de directiva, presentada este miércoles, que supone todo un varapalo para la última reforma penal de Pedro Sánchez que implicó, entre otros aspectos, la rebaja del delito de malversación. De acuerdo con la armonización planteada para todos los países miembros, España tendría que incrementar las sanciones de todas las variables del tipo hasta alcanzar, al menos los 5 años de prisión para cada una de ellas. Esto es, rectificar su reciente modificación.

No en vano, en el texto que se ha hizo público ayer, Bruselas pide que las infracciones penales referidas a soborno, malversación, tráfico de influencias y abuso de funciones –una suerte de equivalente a la prevaricación o abuso de poder– sean castigadas con penas de cárcel de una duración mínima que, en el caso de España, supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal para la denominada desviación de fondos públicos «sin ánimo de lucro».

El texto penal diseñado por el Gobierno para contentar las exigencias de sus socios separatistas de Esquerra (ERC), que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas –de 2 a 12 años de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público– pero precisando que debía darse un requisito adicional para aplicarlas en el caso de las autoridades o funcionarios. A saber, que estos «se apropiaren o consintieren que un tercero, con igual ánimo, se apropiase del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas».

Pero es que, además, incorporó al catálogo de delitos dos tipos suavizados: uno para los supuestos en los que «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas», en cuyo caso los castigos oscilan entre los 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años. Y, otro, para «la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado», para los que las penas se sitúan en una horquilla de entre 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación.

Sin embargo, si bien conforme a la propuesta lanzada este miércoles por Bruselas, el artículo 432 –al tener una pena máxima de 12 años– quedaría indemne, no así los dos nuevos tipos atenuados que contemplan sanciones límite de 3 y 4 años, respectivamente, muy por debajo de ese umbral de 5 señalado por el Ejecutivo comunitario como el más adecuado para perseguir y despejar la corrupción del escenario político de sus Estados miembro.

Con esta iniciativa, la Comisión no sólo aspira a actualizar, por arriba, las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir todo el posible abanico de los mismos sino, también, mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Y, con ella, queda desacreditado el principal argumento de Sánchez que apostó por la condescencia con ciertas variantes del tipo de la malversación en nuestro país, asegurando que, con ello, España se aproximaba a los estándares europeos en la materia.

(Gentileza de El Debate-María Jamardo)