En un giro que ha sacudido los cimientos del Palacio de la Moncloa, el juez Juan Carlos Peinado ha comunicado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que su presunta malversación de fondos públicos será juzgada por un jurado popular si el caso llega a juicio oral.

Esta decisión no es caprichosa sino que está amparada en la Ley del Jurado de 1995 (aprobada precisamente bajo un gobierno socialista), pero ha desatado una tormenta de nerviosismo en la izquierda española, con el PSOE en el epicentro de un pánico que se filtra a través de las redes sociales como X (antes Twitter).

Lo que podría ser un mero trámite judicial se ha convertido en un símbolo de vulnerabilidad para el Ejecutivo, donde cada tuit parece un latido acelerado de ansiedad colectiva.

El origen del revuelo se remonta a la investigación abierta contra Gómez por su presunta implicación en adjudicaciones irregulares en la Universidad Complutense de Madrid y contratos en Moncloa.

El juez Juan Carlos Peinado, con fama de implacable, ha elevado el caso a la categoría de delito de malversación, que por ley exige jurado popular para su enjuiciamiento.

Fuentes cercanas al Gobierno, según reportes en X, interpretan esto como un intento de “humillación pública” de la primera dama.

Un post de El Independiente resume el estupor monclovita:

“Moncloa recibe con estupor la decisión de Peinado y cree que busca la humillación pública de Begoña Gómez”.

El PSOE, que impulsó esta norma para democratizar la justicia en delitos graves, ahora se ve atrapado en su propia telaraña legal.

Como ironiza un usuario: “El PSOE impuso que la malversación se juzgara con jurado, y ahora les toca a ellos. #PrensaBasura”.

Los nervios se palpitan en cada hilo de X. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, no ha escatimado en acusaciones rayanas en el golpe de estado:

“Hemos avisado al PSOE que habrá jueces que irán a por ellos. El señor Peinado es un juez que todos sabemos para quién trabaja”.

Sus palabras, compartidas en un vídeo de RTVE Noticias que acumula miles de interacciones, reflejan el malestar de los aliados de investidura.

La izquierda independentista y morada ve en Peinado un “juez prevaricador” que practica el “lawfare”, esa guerra judicial contra progresistas.

Gloria Marcos, en el programa Malas Lenguas, lo resume:

“Esto es un caso clarísimo de un juez que hace política. Hay jueces que están intentando cargarse el Gobierno”.

Recientemente, Gómez recurrió la incautación de sus correos electrónicos desde 2018, acusando a Peinado de actuar “sin fundamento”, un movimiento que en X se lee como desesperación ante una investigación que no cede.

En el PSOE, el pánico es más sutil pero igual de evidente.

Posts de militantes y simpatizantes hablan de una “brigada Begoña” de fontaneros judiciales movilizados para apartar al juez.

Uno de los más virales denuncia:

“Los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez fueron para encomendar una limpieza judicial cuando imputaron a Begoña Gómez”.

Otro, de un usuario gaditano, fantasea con “desenterrar a Franco otra vez o detener al juez Peinado”.

La estrategia sanchista, según estos hilos, pasa por deslegitimar el proceso: querellas contra Peinado por prevaricación, recursos pendientes en la Audiencia y un relato de persecución política.

Sin embargo, el juez no se arruga; cada paso de la defensa –como pedir aplazar la declaración por la Diada– es contrarrestado con mayor presión, como adelantar la cita al 10 de septiembre.

La izquierda en general, desde Sumar hasta ERC, tiembla ante el precedente. Un jurado popular, formado por ciudadanos ordinarios, podría no ser tan indulgente con una figura tan cercana al poder como Gómez.

Posts como el de Fernando FG-R celebran:

“Sánchez pensó que iban a poder con un toro manso, pero les ha tocado un Miura que cornea sin miedo”.

Para la oposición, es un festín:

“¿Será expulsada Begoña como afiliada del PSOE?

¿Dimitirá el corrupto número 1?”, pregunta Ignacio Arsuaga, recordando las palabras de Sánchez en 2014 sobre expulsar a compañeros imputados.

Esta decisión de Peinado no solo expone fisuras en el Gobierno, sino que revive el debate sobre la independencia judicial en España.

Mientras Moncloa acusa de “teatro corrupto mafioso y franquista“, X bulle con memes y teorías:

¿Es venganza por el caso Koldo o un asalto al corazón del sanchismo?

Lo cierto es que el jurado popular, esa herramienta democrática del PSOE, ahora acecha como una espada de Damocles.

Sánchez, que prometió regeneración, enfrenta su mayor prueba:

¿Aguantará el chaparrón o cederá ante los nervios que corroen a su izquierda?

En las redes, la respuesta es unánime: el reloj judicial no para, y el veredicto popular podría ser implacable.

El Atalayero