Las máximas responsables de la política económica y fiscal, la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han sido llamadas a capítulo desde las altas instancias de Moncloa para que establezcan un ‘cordón sanitario’ contra Ferrovial y disuadan al resto de las grandes empresas del Ibex de provocar un efecto dominó con sus eventuales planes de contingencia para sacar de España sus sedes oficiales o sus inversiones estratégicas.

La mayor parte de las grandes sociedades cotizadas presentan perfiles de negocio equivalentes al grupo de Rafael del Pino, lo que podría dar lugar a nuevas ‘escapadas’ en busca de otros establecimientos exteriores que faciliten menores costes financieros y, sobre todo, mayor seguridad jurídica que ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La situación generada tras la decisión de Ferrovial es parecida a la que provocó Telefónica en la etapa presidencial de Juan Villalonga cuando se planteó el traslado de su cuartel general a Estados Unidos, concretamente a Miami. La intentona fue rápidamente frenada en seco por el Gobierno de José María Aznar, quien acto seguido, y una vez obtenida la mayoría absoluta en el año 2000, definió una estrategia de defensa de la ‘marca España’ con el fin de evitar que el desarrollo internacional de las grandes corporaciones del país se tradujera en una ‘diáspora’ de grandes sociedades cotizadas fuera de nuestro país.

Este es el ‘fantasma’ que puede hacer acto de aparición a poco que cunda el ejemplo de Ferrovial y la razón por la que las dos titulares del Ejecutivo más directamente vinculadas con la situación han salido en tromba para criticar la medida del grupo constructor.

Los argumentos de Calviño y Montero han provocado cierta hilaridad en medios corporativos donde consideran que Ferrovial tiene todo el derecho a maximizar su estrategia operativa negocio por mucho que ahora se le reproche la importancia de su negocio original dentro del territorio nacional. La ‘memoria histórica’ no tiene la menor eficacia en cuestiones empresariales y mucho menos cuando la mayor parte de las grandes empresas bursátiles llevan años con una actividad claramente volcada a los mercados internacionales. En 2017, antes de que Pedro Sánchez desalojara del poder a Mariano Rajoy con la célebre moción de censura, el conjunto del Ibex 35 exhibía dos tercios de su volumen de negocio allende las fronteras.

Cada vez más lejos de España

En los últimos la cuota exterior ha ido creciendo en detrimento de la facturación realizado en el mercado interior. En el grupo de las grandes constructoras, incluyendo a ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr, OHLA y San José, la media supera el 75% de las ventas. En el sector bancario tres cuartos de lo mismo con el Banco Santander y el BBVA generando respectivamente casi un 90% y un 75% de su beneficio a través de sus filiales extranjeras. Significativo es también el caso de Inditex, la estrella del Ibex, con un 86% de actividad fuera de España.

Buena parte de estas compañías están ancladas a sus históricas sedes locales por lo que no parece que vayan a utilizar el pasaporte con la misma frialdad que Ferrovial. Pero más allá del cambio de sede lo que sí se está poniendo de manifiesto es un ‘exilio’ inversor que canaliza la mayor parte del esfuerzo financiero de las multinacionales españoles hacia otras y lejanas latitudes. Es el caso de Iberdrola, que acaba de presentar su multimillonario plan estratégico a medio plazo en el que se anuncia que tres de cada cuatro euros serán destinados fuera del país.

«Lo de Ferrovial no es más que una versión actualizada de lo que ya viene haciendo a su modo Iberdrola», aseguraban este miércoles en medios financieros, recordando la tendencia protagonizada desde hace años por las empresas del Ibex para buscar paraísos en el exterior que minimicen la mayor presión fiscal y regulatoria existente en España. El Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos, con su ideario populista, no ha hecho más que exacerbar esta política de acoso tributario contra las grandes empresas y está obteniendo ahora la debida respuesta, según añaden las citadas fuentes.

Enmienda a la totalidad contra la política económica

Los nuevos impuestos especiales contra la banca y las energéticas, además del más politizado para gravar las denominadas ‘grandes fortunas’ han terminado por escaldar a los grandes empresarios que cada vez se sienten menos identificados con el desarrollo de sus negocios en España. El Gobierno ha dificultado también el escenario fiscal para la repatriación de beneficios que pagan en nuestro país un 5%. En los Países Bajos los convenios contra la doble imposición liberan de todo gravamen la obtención de dividendos procedentes del exterior, lo que supone una indudable ventaja competitiva.

A todo ello se añaden los altos niveles de endeudamiento que han de soportar en sus balances las principales entidades corporativas del país. En un momento de clara restricción monetaria, con un incremento recurrente de los tipos de interés en toda la zona euro es fundamental encontrar mecanismos de financiación que no estrangulen la natural evolución de la actividad.

La incertidumbre derivada del riesgo país sitúa a España un peldaño por debajo de otros Estado comunitarios como es el caso de los Países Bajos, cuyo rating de solvencia asegura menores costes financieros para las empresas allí radicadas. Todas estas motivaciones han sido esgrimidas por Ferrovial de cara a su nueva expectativa de destino y podrían perfectamente ser manejadas por la mayor parte de los inquilinos del Ibex, dando lugar a lo que supondría una clara enmienda a la totalidad contra la política económica del Gobierno que preside Pedro Sánchez.

(Gentileza de The Objetive-José Antonio Navas)