La historia se repite y las noticias, aunque a cuentagotas por la opacidad habitual del Gobierno de Pedro Sánchez, confirman lo que en Pozuelo de Alarcón ya sabíamos: el castigo a nuestra ciudad y a toda la Comunidad de Madrid continúa.

Los menores extranjeros no acompañados (MENAs), empiezan a llegar y, con ellos, la improvisación, la falta de transparencia y la sobrecarga de un sistema autonómico que hace meses superó sus límites.

La Comunidad de Madrid, ante la saturación de los centros y la previsión de un incremento notable de llegadas este verano, ha optado por una respuesta de urgencia.

Desde el 1 de agosto, el centro de primera acogida La Cantueña, en Fuenlabrada, ha ampliado su capacidad en 19 plazas adicionales, sumando ya 115.

Y no es el único movimiento: Se han habilitado nuevos puntos de atención en Madrid capital, Rivas-Vaciamadrid y Parla, con un total cercano a un centenar de plazas más para acoger a estos menores.

El objetivo es cubrir necesidades básicas de niños y adolescentes tutelados por la Comunidad, ante un reparto impuesto por el Gobierno central que enviará a Madrid nada menos que 647 menores procedentes de Canarias.

Un traslado masivo que no responde a un plan de integración ni a una estrategia de futuro, sino a un “quítamelo de encima” del Ejecutivo de Sánchez, que parece entender la política migratoria como un simple juego de sillas, moviendo menores de un lado a otro sin medir consecuencias.

A Cataluña y al País Vasco ninguno porque sus gobiernos se pueden enfadar y dejarlo caer. En cambio, hay que cargar las tintas en las comunidades en las que gobierna el PP.

Para ello, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha tramitado contratos de urgencia, adjudicando recursos temporales que permitan absorber la llegada de estos jóvenes.

Entre las nuevas infraestructuras se encuentran un centro de acogida en la capital, otro en Rivas-Vaciamadrid, dos pisos tutelados en Madrid y uno en Parla.

Y en medio de todo esto, Pozuelo de Alarcón sigue siendo el gran damnificado. No hay que olvidar que Sánchez quiere colocar aquí a 400 jóvenes es un centro sin condiciones, en contra del sentir mayoritario de los vecinos y con la protesta clara de la alcaldesa Paloma Tejero.

Un intento de imposición que nunca fue acompañado de explicaciones, cifras claras ni medidas para garantizar la seguridad y la convivencia.

Lo más grave es que seguimos navegando en la oscuridad. La opacidad del Gobierno central en esta materia es casi absoluta: no hay datos oficiales sobre la situación real de cada centro, sobre el coste económico de estas medidas ni sobre el plan a medio y largo plazo. Y cuando la información llega, lo hace tarde, mal y con titulares que esconden más de lo que aclaran.

Con toda seguridad, la decisión de Paloma Tejero de cerrar el CREADE terminará en los tribunales.

Mientras, y hay que destacarlo, la Comunidad de Madrid ha reaccionado, entre otras cosas, porque no tiene otra opción para intentar paliar el problema que Sánchez creaba en Pozuelo. Y lo ha hecho, desviándolos a ciudades de izquierda: Amplía La Cantueña, abre recursos en varios municipios como Parla y Rivas-Vaciamadrid.

Pero el problema sigue siendo el mismo: el Gobierno de Sánchez decide, reparte y se va, dejando a las comunidades autónomas (y a municipios como Pozuelo) con la carga, las tensiones y las consecuencias de su política errática en materia migratoria.

Para él, la historia no va de solidaridad ni de protección a la infancia, sino de decisiones unilaterales que convierten a ciudades como la nuestra en moneda de cambio política.

Y eso, nos guste o no, es un castigo en toda regla.

Juan Manuel Sánchez

PdT:
El Gobierno de Sánchez traslada a los 10 primeros MENAs desde Canarias a Gijón.