Los vecinos de Pozuelo de Alarcón estábamos, teóricamente, acostumbrados ya a que el Gobierno de la alcaldesa Paloma Tejero y sus Tres Marías (Miriam Picazo, Lucía Molares y Laura Pérez de Ziriza) nos hiciesen comulgar con ruedas de molino.

Porque ruedas de molino han sido las escandalosas Resoluciones Extrajudiciales de Crédito que han aprobado en Junta de Gobierno y en Pleno del Ayuntamiento (que para eso les dimos una mayoría absoluta que está resultando obscena) y así tapar los caprichos y veleidades (en forma de facturas sin pagar) de una alcaldesa llamada Susana Pérez Quislant que nunca debió serlo y menos por ocho años.

La justificación que nos daban estas cuatro forasteras era que había que pagar a las empresas cuanto antes para que pudieran cobrar sus empleados. Una justificación demagógica en primer grado. Indigna. Porque junto al pago de dichas facturas impagadas debería ir, como poco, otra factura a Quislant por los intereses de demora de la deuda y una investigación interna de las barbaridades que se cometieron durante su gestión ya que hubo, incluso, contrataciones verbales y no fueron, precisamente, en la pandemia (que también).

Pero no se hizo nada y durante estos dos años de legislatura se han aprobado un sinfín de Resoluciones Extrajudiciales de Crédito. Tantas que la cosa debe andar por los 18 millones de euros. O más.

Si será grave el tema que, en 2024, se aprobaron tantas y fue tanta la locura empleada que está siendo imposible liquidar el presupuesto de ese año…

Pero…

Pero en Pozuelo siempre hay un pero…

Y el pero es que no todos los acreedores llegaban a acuerdos extrajudiciales con el Ayuntamiento. No. Hubo otros acreedores que fueron a los tribunales y esperaron la sentencia.

Y esa sentencia de uno de esos acreedores ha llegado ya, según el Acta de la JGL del 9 de julio de 2025, en el apartado de DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA ASESORÍA JURÍDICA:

Como ven, son 707.309,22 € a pagar porque a aquella alcaldesa y a su mano derecha Eduardo Oria (que sigue de concejal) les importaba todo un pepino. Se trataba de aparentar. De venderse buscando mejorar su carrera política… De engañar a los vecinos.

Y aquellas obras de establecimiento de zonas de prioridad peatonal y eliminación de barreras arquitectónicas (Fase I. Exp 2021/PAS/042) y aquellas otras obras de establecimiento de zonas de prioridad peatonal y eliminación de barreras arquitectónicas (Fase II. Ex 2022/PAS/001), que tantas veces nos vendieron, como tantos otros proyectos, no las pagaron…

Ahora, hay que pagarlo por resolución judicial y con intereses.

Y ante este nuevo escándalo, ¿qué hacemos, alcaldesa, porque estamos hablando de casi tres cuartos de millón de euros para un Ayuntamiento que está tieso como la mojama?

Ya sé que el PP de Madrid no solo no castigó tanto dislate sino que premió a la señora Quislant con un puesto importante en la Asamblea de Madrid, a su marido con un sueldazo en el Ayuntamiento de Madrid y a su mano derecha con otro sueldazo en el Ayuntamiento de Pozuelo. Supongo que para intentar diluir la pésima gestión política de aquella indigente alcaldesa… Cosas de partidos…

Pero eso no debería ser “óbice, obstáculo, valladar o cortapisa” para exigirle a Quislant, al menos, los intereses generados por tan escandalosa morosidad. Lo que se llama responsabilidad patrimonial:

“En casos de mala gestión o incumplimiento reiterado (hecho que sucedió en los ocho años de gestión de Susana Pérez Quislant y a las pruebas de las Resoluciones Extrajudiciales de Crédito me remito), se podría exigir responsabilidad patrimonial a los gestores públicos, es decir, que deban responder con su patrimonio personal por los daños causados”.

En resumen, la responsabilidad por no pagar las facturas del ayuntamiento puede ser política y económica, recayendo en los responsables de la gestión financiera del municipio.

La mala gestión puede tener consecuencias graves, tanto para la reputación del ayuntamiento como para sus finanzas, y en casos extremos, podría incluso llevar a la exigencia de responsabilidad patrimonial a los gestores, como debería ser en el Ayuntamiento de Pozuelo.

No digo más.

Es otra batahola, otra bombita de efecto retardado que nos dejó aquella alcaldesa olvidable, que ahora explota y nos cuesta dinero a los vecinos…

Y eso no debe ser así, aunque fuera por decencia política.

¿O es que en el Ayuntamiento del Gran Pozuelo de Alarcón ya da igual todo?

Juan Manuel Sánchez