Los hechos ya son de sobra conocidos. La gestión de la Macrofiesta de Nochevieja en Pozuelo de Alarcón fue un desastre monumental que reflejó un nivel de incompetencia y negligencia inaceptable en el gobierno municipal del Gran Pozuelo de Alarcón. Lo ocurrido no fue solo una sucesión de errores sino un atropello al buen nombre del municipio y a la confianza de sus ciudadanos, como bien explicó ayer El Capitán Possuelo.

Ante esta situación, no basta con explicaciones vagas ni con mirar hacia otro lado. Se necesitan acciones inmediatas: ceses, dimisiones y una disculpa pública.

¿Por qué 8 días después de aquel bochorno, la alcaldesa Tejero no ha pedido perdón, cesando asesores, concejal de fiestas y algún alto funcionario?

Por ejemplo:

Daniel Quesada, asesor de fiestas y epicentro de este escándalo, debe ser el primero en abandonar su puesto. Su incapacidad es evidente, y sus vínculos con adjudicaciones cuestionables no dejan lugar a dudas: no puede continuar siendo asesor de fiestas.

Aniceto Baltasar, presidente de la Mesa de Contratación, debe responder por su falta de diligencia y por permitir que empresas sin la solvencia necesaria participaran en un proceso clave. Su actuación deja en entredicho ¿su capacidad o desidia? para desempeñar una función tan relevante y debería ser cesado en ese puesto.

Los gemelos asesores (Alberto y Manuel García Cosía), cuya aportación al desastre solo ha sido aumentar el caos con su actitud prepotente, también deben ser apartados de inmediato. Pozuelo no puede permitirse seguir pagando el sueldo a quienes no aportan nada más que descontrol a causa de su indigencia intelectual y su absurda soberbia.

El concejal de Fiestas Manuel Moreno ha demostrado una desconexión total de sus responsabilidades. Su incapacidad para gestionar este evento es tan evidente como su falta de criterio para tomar decisiones a tiempo. Su dimisión no solo es necesaria, es imprescindible.

Por último, la alcaldesa Paloma Tejero debe asumir la máxima responsabilidad política. Su falta de liderazgo, su decisión de rodearse de personajes ineficaces y su incapacidad para detener esta catástrofe la colocan en el centro de la polémica.

No pido su dimisión en este momento, pero sí exijo que dé la cara, pida perdón públicamente a los vecinos de Pozuelo y adopte las medidas necesarias para limpiar su administración de incompetentes.

Pero este escándalo también deja una pregunta clave: ¿qué va a hacer la Oposición?

¿Por qué la Oposición sigue mirando pasar el tren y no ha exigido ya responsabilidades?

Es su deber fiscalizar al gobierno municipal, exigir respuestas y no permitir que este atropello quede en el olvido.

¿Dónde están sus propuestas?
¿Qué acciones piensan tomar para garantizar que algo así no vuelva a suceder?

Los ciudadanos de Pozuelo merecen una oposición política, activa, contundente y que esté a la altura del momento.

Este episodio ha manchado la reputación de Pozuelo de Alarcón y ha generado un daño que tardará tiempo en repararse. Pero lo que no puede permitirse es que pase sin consecuencias.

Y deben exigir ya (y no esperar al Pleno de Enero porque se les pasará el arroz) que cada uno de los implicados sea apartado de sus funciones de inmediato. No hay excusas, no hay margen para indulgencias.

Pozuelo no puede ni debe seguir tolerando esta gestión chapucera. Es hora de restaurar la confianza de los ciudadanos y demostrar que las instituciones aún son capaces de responder con dignidad y responsabilidad ante un escándalo como este.

Lo demás es no querer que esta ciudad sea seria.

Juan Manuel Sánchez