En fechas recientes vimos cómo se anunciaba el cierre, en Pozuelo de Alarcón, de dos centros de atención diurna a personas con discapacidad intelectual y sus correspondientes recursos residenciales vinculados.

Desde entonces fuimos asistiendo a distintas declaraciones y notas de prensa por parte de diferentes instancias. La filtrada por la Comunidad de Madrid, lavándose las manos y culpando a la empresa operadora del servicio, estaba dentro del guion. No podemos esperar que los políticos asuman sus responsabilidades.

Pero, pasada la utilización política del hecho, es tiempo de hacer una serie de consideraciones ad hoc…

Y es que nos preocupa más la indecente instrumentalización de los hechos producida por la Federación de Plena Inclusión Madrid. No perdió ni un minuto en realizar una declaración pública para ofrecer su ayuda a las familias de los afectados, mostrándoles su respaldo y disposición para brindarles el apoyo necesario ante las posibles consecuencias derivadas del anuncio de la empresa, según publicó la prensa.

La Federación, prosiguió la noticia, afirma que su principal objetivo es dar información y sostén a las personas afectadas. Las organizaciones sociales tenemos la tarea de priorizar los derechos de las personas y de las familias por encima de intereses mercantiles.

Plena Inclusión obvia consciente y premeditadamente el hecho de que esta mercantil se encontraba participada íntegramente por una entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, que ha mostrado una profesionalidad absoluta y una actitud de total compromiso con las personas con discapacidad y sus familias.

Si la gestora de estos servicios se ha visto obligada al cese de la actividad ha sido por una situación de inviabilidad económica absolutamente irreversible.

Plena Inclusión también oculta que esta entidad solicitó su adhesión a la Federación y se la rechazó negándole el pan y la sal. Quizás debamos repasar algunos antecedentes para comprender por dónde nos estamos moviendo.

El actual director gerente de Plena Inclusión Madrid  fue primero viceconsejero y después consejero en la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno de Ayuso entre los años 2019 y 2022. Durante su mandato no emprendió ninguna iniciativa para corregir la deficiente financiación a que estaban sometidos los centros de la Red Pública de atención a personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid.

Es cierto que, en febrero de 2023, el presidente de AEMED (la patronal del sector en Madrid) compareció ante la Asamblea de Madrid para advertir de la difícil situación que atravesaban las entidades.

En la posterior nota de prensa AEMED publicaba textualmente lo siguiente:

• Juan Agudo, presidente de AEMED, Patronal Madrileña de las Especiales Dificultades, ha comparecido en la Asamblea de Madrid, a propuesta del Grupo Socialista, para denunciar la situación que está viviendo el sector de la atención a personas con discapacidad intelectual y dar a conocer los riesgos que amenazan a las familias de los usuarios de las residencias
• El déficit existente en el momento actual es de 70.000.000 € en todo el sector de atención residencial a personas con discapacidad intelectual
• La solución pasa porque los acuerdos marco sean actualizados cada dos años y no cada cuatro
• Si la Consejería de Familia, Juventud y Política Social no pone remedio a esta situación, muchas entidades se verán forzadas a cerrar sus puertas dejando de prestar sus servicios a las personas con discapacidad intelectual.

Como botón de muestra, obsérvese que, en 2012, los precios de los contratos de estos servicios públicos se redujeron un 5% con relación a los que se pagaban en 2008.

Posteriormente, para el periodo comprendido entre 2014 y 2018, se volvieron a reducir los precios entre un 2% y un 8% adicional con relación a los precios ya disminuidos de 2012.

AEMED, constituida por las entidades más importantes del sector de atención a personas con discapacidad intelectual ante la pasividad de Plena Inclusión, sugirió contar con un instrumento que defendiera sus intereses y los derechos de sus asociados. Desde entonces no han parado de llevar a cabo acciones para denunciar la situación y reivindicar la labor que realizan las entidades que la conforman, incluida la entidad que operaba los centros de Pozuelo de Alarcón.

De este modo, los más conocedores del sector coinciden en señalar que las declaraciones grandilocuentes de Plena Inclusión son algo más que puro oportunismo y representan una agresión soterrada contra AEMED, dado que es de dominio público que les incomoda profundamente el hecho de que sus entidades más relevantes hayan tenido que organizarse al margen de la federación para defender los derechos de sus colectivos.

Tendríamos que preguntarnos sobre la razón por la que Plena Inclusión ha renunciado a defender los intereses de las asociaciones del sector provocando tan importante impacto negativo sobre las condiciones en que realizan su trabajo. En última instancia, las consecuencias las pagan las personas con discapacidad atendidas en sus centros y sus trabajadores.

No obstante, hemos visto alguna excepción. Durante la presente legislatura, mientras la mayoría de las entidades dedicadas a la atención directa a personas con discapacidad intelectual sufrían severas penurias, las tarifas de las organizaciones dedicadas al espectro autista veían incrementadas sus tarifas más del 63% en residencia y más del 31% en centro de día. Si ya lo están pensando, podemos decir que ustedes han acertado: El presidente de Plena Inclusión Madrid lo es en representación de una entidad del espectro autista.

Ante la inacción de la Federación, siete entidades interpusieron sendos recursos contenciosos administrativos contra las condiciones establecidas en los pliegos que regulan las condiciones de contratación de estos servicios públicos. Informes periciales acreditan que es imposible cubrir los gastos requeridos por estos servicios con los precios públicos en vigor. A este respecto los informes hablan de una media de 9 euros menos al día en los recursos residenciales

Consecuentemente, todo el sector se encuentra en una situación muy precaria. Siendo esto así, resulta asombroso que la federación no acudiera en defensa de sus asociados y estos tuvieran que defenderse a título individual.

Quizás nos den algunas pistas los números relativos a las subvenciones que recibe la Federación. Entre los años 2018 y 2022, las subvenciones otorgadas a Plena Inclusión Madrid por parte del Gobierno Regional se incrementaron en un 240%, alcanzando la cifra de 1.250.000 euros. Mucho dinero para sostener un chiringuito de puertas giratorias. Mientras tanto, los centros de atención directa se veían ahogados por tremendas restricciones presupuestarias.

Es evidente que pagar unos cientos de miles de euros a Plena Inclusión para domesticar al sector saldría mucho más económico que incrementar la dotación presupuestaria destinada a los centros de atención en los 70 millones de euros que se estiman como mínimamente necesarios. Pero claro, esta sería una conclusión a la que tendrían que llegar los lectores. Nosotros solamente mostramos hechos e hipótesis.

Parece ser que el presupuesto de discapacidad en Madrid ha crecido 419.5 € para el 2024 ¿a que lo van a destinar?

Quiero terminar condenando la vergonzosa instrumentalización que llevó a cabo Plena Inclusión de las personas con discapacidad y el oportunismo mostrado en momentos de incertidumbre y de dificultad para las familias.

Algunos todavía están esperando a saber en qué les van a ayudar.

Mientras tanto, han sido las entidades las que con carácter individual han atendido a la petición de la Comunidad de Madrid, acogiendo en sus servicios a todos los usuarios afectados por el cierre de los centros de Pozuelo.

Unos se dedican al postureo mientras otros dan soluciones a las personas.

Resulta una práctica más que cuestionable, desde el punto de vista de la deontología profesional, la injerencia de la Federación en un asunto que afecta a una entidad a la que Plena Inclusión no quiso aceptar, a pesar de ser, como hemos dicho, una entidad con una trayectoria social intachable.

Nos preguntamos si el hecho de que esta organización  tuviera su sede social en Barcelona tuvo algo que ver. O quizás, simplemente, el problema estuvo en que no eran de los suyos.

Juan Pozuelo