El abogado del Estado que era partidario de firmar un acuerdo para cerrar el caso por fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso ha sido purgado. Tal como desvela OKDIARIO, se le ha sustituido por Zaida Fernández Toro con el objetivo de seguir dilatando la causa judicial que interesa políticamente al PSOE, que quiere derrocar a toda costa a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

De esta forma, la Abogacía del Estado, que controla el Gobierno de Pedro Sánchez, pone al frente del caso de Alberto González Amador a una letrada de la máxima confianza de los socialistas. Se trata de la firmante del reciente escrito dirigido al juez Manuel García-Castellón pidiendo la amnistía total a los presuntos delitos por terrorismo que la Audiencia Nacional investiga en relación al grupo violento Tsunami.

El PSOE insiste así en sus maniobras para alargar el caso que se sigue contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. A pesar de que la Fiscalía tenía listo un acuerdo que los tres investigados iban a aceptar, hace unos días los abogados personados en representación del PSOE y Más Madrid -que figuran como acusación popular- pidieron ampliar la causa con nuevos delitos. Lejos de dar carpetazo al asunto, los partidos de izquierda y la Abogacía del Estado dan pasos para exprimir al máximo el caso abierto en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

Cabe recordar que Alberto González Amador se presentó el lunes 24 de junio ante la jueza de instrucción para declarar por dos supuestos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental después de que una primera comparecencia, el pasado 20 de mayo, fuera suspendida.

La defensa de González Amador contaba con firmar el pacto de conformidad al que había llegado el pasado lunes 17 de junio con el fiscal Diego Lucas y con precisamente la Abogacía del Estado -que representa a la Agencia Tributaria-. Se trataba de un pacto más beneficioso para González Amador ya que suprimía el delito de falsedad documental. Sin embargo ya entonces, el acuerdo fue paralizado por el recién nombrado abogado general del Estado, David Vilas Álvarez. El nuevo texto no sólo sí recoge ese delito, sino que, además, impone «otro relato», según fuentes de la negociación consultadas por OKDIARIO.

La sospecha en el equipo jurídico del novio de Ayuso es que hubo presiones del PSOE sobre la Abogacía General del Estado para forzar esta jugarreta necesaria para tumbar el acuerdo. Las conversaciones informales apuntan también a la Fiscalía. El pasado 20 de mayo el fiscal Diego Lucas Álvarez dijo a Carlos Neira, abogado de González Amador, en tono chulesco: «A ver qué hago porque su cliente está querellado contra nosotros». Lo hizo en referencia a la denuncia paralela de la pareja de la presidenta regional contra la Fiscalía por revelación de secretos.

De nuevo, tras el cambio en la Abogacía del Estado, el acuerdo que daría fin a esta polémica se aleja. A finales del mes pasado se daba por hecho la firma del pacto, que tenía el visto bueno del fiscal y el abogado del Estado. El proyecto de conformidad había sido propuesto por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Sin embargo, las acusaciones de izquierdas consiguieron suspender las declaraciones y ahora la Abogacía del Estado parece apartarse del acuerdo negociado.

El acuerdo ya estaba listo, tal y como se desprende de un escrito consultado por OKDIARIO. El novio de Ayuso estaba dispuesto a pagar por los ejercicios fiscales de 2020 y 2021 de la empresa Maxwell Cremona, de la que era socio único durante este periodo.

El 4 de febrero de 2022, la Agencia Tributaria devolvió a la empresa 1.353 euros de la declaración presentada en 2020, pero inició una inspección sobre el Impuesto de Sociedades. Sostenía que «debido al aumento de beneficios derivados del incremento del volumen de negocios, había hecho constar en sus declaraciones gastos en los que en realidad no había incurrido para reducir el beneficio sujeto a tributación. Asimismo, había obtenido de los acusados Maximiliano Eduardo Niederer González y David Herrera Lobato facturas que no reflejaban servicios reales para documentar así gastos que fueran deducible para el obligado tributario».

En todo caso, en el pacto de conformidad que el novio de Ayuso estaba dispuesto a firmar, la Agencia Tributaria cifra en 155.000 euros la cuota defraudada en 2020 y en 195.951 en 2021. De esta forma, el fisco emitió una liquidación por un importe de 350.051 euros más intereses de demora.

Acuerdo

De aceptarse el acuerdo, Alberto González Amador asumía cuatro meses de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública y una multa del 40% de la cuota defraudada, esto es 60.000 euros, (el 40% de 155.000 euros) y 78.380 euros (40% de 195.951). También se le hubiera condenado a la inhabilitación y la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública.

(Gentileza de OkDiario-Fernán González)