El Tribunal Supremo no se da por vencido y pide a Italia la entrega inmediata del fugado Carles Puigdemont. El magistrado del Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el ex presidente catalán, ha pedido al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) que acuerde su entrega a España porque la cuestión prejudicial no suspende la euroorden y sigue «activa». Según confirma el Supremo, el eurodiputado ya no tiene inmunidad.

Además, Llarena corrige a la Abogacía del Estado, que informó al Tribunal General de la UE que la euroorden estaba desactivada.

Puigdemont fue detenido el jueves de la pasada semana en Cerdeña, conducido a una prisión a la espera de decisión judicial y puesto en libertad en 24 horas. El pasado sábado, una juez le citó a declarar el próximo 4 de octubre, permitiendo al fugado salir del país hasta esa fecha al no decretar medidas cautelares. Este lunes Puigdemont ya salió rumbo a Bruselas.

Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez ya cuenta con un fallo favorable a Carles Puigdemont (que le evitaría una crisis política con sus socios catalanes), el Tribunal Supremo no se da por vencido. Este jueves, el magistrado Pablo Llarena envió un escrito a la corte italiana que decidirá sobre el ex presidente catalán exigiendo su entrega inmediata.

«Se ha tenido conocimiento de determinadas informaciones que niegan que pueda estar en vigor la orden de detención europea de Carles Puigdemont i Casamajó. Por ello, informo al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia), que la orden de prisión y la OED (euroorden) permanecen en vigor», recoge el oficio firmado por el juez Llarena.

Recuerda el Supremo que «la cuestión prejudicial no afecta a la validez de la medida cautelar de prisión o de su busca y captura», y añade que «está referida a la interpretación del derecho de la Unión sobre determinados aspectos por los que la colaboración judicial puede ser denegada entre Estados miembros».

Llarena pide a la Justicia italiana que «acuerde la entrega del detenido a la Jurisdicción española» y que, en caso de que «se adopten las medidas que puedan entenderse precisas parar garantizar que se sigan dando las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva».

Además, Llarena envía un mensaje en su escrito a la Abogacía del Estado, que como recuerda «informó al Tribunal Europeo que estaban suspendidas las OED emitidas por este Instructor. Como se ha dicho, eso no es así. La decisión de suspender una medida cautelar que era ejecutiva desde el año 2019, es una decisión de este instructor  y nunca ha sido adoptada».

Insiste Llarena en señalar que «esta situación no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo de España». Y reincide: «Nunca le ha sido notificada a la Abogacía del Estado una posible decisión de suspender las OED, como tampoco la Abogacía del Estado ha promovido que tal decisión se produzca».