La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso solicita la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para que Pedro Sánchez explique el alcance de la amnistía

El Consejo de Gobierno de Madrid ha tratado este miércoles la solicitud de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez para que convoque de forma urgente una conferencia de presidentes en la que explique «el alcance de los acuerdos de investidura para el resto de comunidades». La petición se enviará por carta en las próximas horas, ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz regional, Miguel Ángel García, tras la reunión semanal en Sol.
Esta petición para abordar el proyecto de amnistía acordado entre el PSOE y Junts se une a otras similares hechas por diferentes presidentes autonómicos. Al menos diez barones del PP han hecho la misma solicitud y, si se producen diez peticiones oficiales, es obligatoria la convocatoria de la conferencia. Ayuso llama a Sánchez a «clarificar de forma inequívoca los efectos que tales compromisos políticos van a conllevar de manera evidente sobre los principios básicos que configuran el actual Estado de Derecho».
En la Comunidad de Madrid sostienen que los acuerdos de investidura alcanzados por el presidente del Gobierno en funciones con distintas formaciones parlamentarias «atentan contra el modelo de convivencia». «Todas las comunidades tenemos derecho a saber el precio que tendremos que pagar por los siete votos de Junts», opinan desde el Ejecutivo regional.
A juicio del portavoz autonómico, «lo que está ocurriendo es tan grave que la reunión debe hacerse a la mayor brevedad». «Que nos aclare qué consecuencias van a tener los pactos y en qué nos van a afectar», ha insistido García. Según el documento aprobado por el Consejo de Gobierno, «el principio de legalidad, separación de poderes y la seguridad jurídica, consagrados por la propia Constitución española como pilares que cimentan la convivencia en nuestro país, pueden verse seriamente comprometidos con trascendentales perjuicios para el conjunto de la Nación».
El Ejecutivo de Ayuso incide en que es «una obligación ética y política reclamar ese justo trato». «El Gobierno de la Comunidad de Madrid se manifiesta de forma inequívoca en defensa de la igualdad de trato a los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan, y defiende el justo y equitativo trato que ha de esperarse por parte un Gobierno de España actuando en todo momento conforme a nuestro ordenamiento, sin violentar la imprescindible separación de poderes que rige nuestro Estado de Derecho», declara el texto.