Continúa la ofensiva madrileña frente a los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez. Tal y como avanzan fuentes del Ejecutivo, los servicios jurídicos de la Comunidad estudian ya la fórmula óptima para recurrir ante los tribunales la polémica Ley de Amnistía, uno de los puntos claves del pacto alcanzado por PSOE y Junts per Catalunya.

Aunque hasta la fecha se trata tan solo de una Proposición de Ley que ni siquiera ha sido calificada por la Mesa del Congreso de los Diputados, desde el Gobierno autonómico explican que su intención es acudir a los tribunales para tratar de tumbar el texto una vez este sea aprobado. Asimismo, avanzan fuentes del Ejecutivo, Isabel Díaz Ayuso solicitará por carta junto a otras comunidades la convocatoria “urgente” de la Conferencia de Presidentes con el objetivo de que Sánchez explique unos acuerdos de investidura que “afectan a todos los españoles”.

Como ya hiciese el Gobierno murciano, bajo la batuta del Popular Fernando López Miras, el Ejecutivo madrileño, en voz de su consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha avanzado este miércoles que los servicios jurídicos de la Comunidad se encuentran ya revisando la Proposición de Ley encaminada a amnistiar a los políticos catalanes procesados a raíz del 1-O. Aunque la fórmula planteada por otras regiones gobernadas por el PP se relaciona con la supuesta institucionalidad de la medida, García ha preferido no aventurarse y tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol ha matizado que “no se podrá interponer recurso alguno hasta que no se apruebe el texto”.

En paralelo, el consejero ha informado del acuerdo alcanzado durante la reunión de la Ejecutiva para hacer efectiva la petición de la propia presidenta, Díaz Ayuso, de exigir a Sánchez la convocatoria “a la mayor brevedad posible” de una Conferencia de Presidentes que aborde “el alcance y los efectos de los acuerdos adoptados con algunos partidos políticos para su investidura”. En el fondo de la cuestión figura la “obligación política y moral” del presidente en funciones de reunir a los regidores autonómicos pues, a su parecer, “los acuerdos -fundamentalmente la amnistía y la condonación de deuda pública- atentan contra el modelo de convivencia, el Estado de derecho y la igualdad de todos los españoles”.

“Ante la preocupación e inquietud de la sociedad española y, particularmente de la sociedad madrileña”, el acuerdo pone en tela de juicio “aspectos como la igualdad de todos los españoles ante la ley, el principio de legalidad, la separación de poderes y la seguridad jurídica, consagrados por la propia Constitución española como pilares que cimentan la convivencia en nuestro país”. Todo ello, continúa, traería consigo “trascendentales perjuicios para el conjunto de la Nación”.

La petición, que será enviada por carta y contará con el apoyo de numerosos barones del Partido Popular, se fundamenta en el artículo 4.3 in fine del Reglamento de la Conferencia de Presidentes, según el cual es posible solicitar formalmente una reunión cuando se reúna un mínimo de diez regidores autonómicos. Pese a las peticiones ya registradas a cargo de La Rioja, Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Cantabria, Baleares, Murcia, Andalucía, Castilla y León y Canarias, la última palabra correrá, en cualquier caso, a cargo de Pedro Sánchez.