Entre las medidas estrella del ‘plan anticrisis’ diseñado en los primeros compases de 2023 por el Gobierno central para paliar los efectos de la subida desbocada de los precios -especialmente en la energía y los carburantes a raíz del estallido de la guerra de Ucrania- figuraba la exención, con carácter temporal, del IVA en los llamados “productos básicos”. O lo que es igual, aquellos alimentos considerados de primera necesidad y, por ende, de consumo diario, tales como el pan, la leche, los huevos, las frutas, las hortalizas y las verduras.

Con la llegada de 2025 y la inflación ya estabilizada en torno a los dos puntos y medio, sin embargo, esta bonificación estatal del cuatro por ciento caducaría, devolviendo la vigencia a los tipos impositivos precedentes. En la práctica, un coste más elevado en la cesta de la compra que se ha dejado notar, como no podía ser de otra manera, en el bolsillo de los madrileños. Especialmente entre los colectivos más vulnerables.

El fenómeno, en cualquier caso, no ha pasado desapercibido para el Ejecutivo regional que, encabezado por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado ya de manera formal la eliminación permanente del IVA en tales alimentos siempre y cuando hayan sido adquiridos con las tarjetas monedero. Lo ha hecho, en concreto, a través de una carta remitida este mismo jueves por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, con destino La Moncloa. Sus destinatarios, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, competente en la materia, y la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

El fin último no es otro que reflejar la “enorme preocupación” en las filas del Ejecutivo autonómico frente a la “clara falta de medidas efectivas frente a la pobreza material” que, al menos a su juicio, caracteriza al denominado “escudo social”. El “IVA cero”, por el contrario, “evitaría que el Estado se enriquezca de manera injusta con este sistema. Y lo que es peor, a costa de seguir aumentando la pobreza infantil”.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Madridiario, se expone asimismo como desde que el Ministerio del ramo diseñase la tarjeta monedero, cuya entrada en vigor tuvo lugar en 2021, los precios se habrían incrementado en hasta un 30 por ciento. “El sistema de tarjetas de alimentos del Gobierno ha dejado a miles de personas sin acceso a productos básicos, obligando a las comunidades autónomas a cubrir las deficiencias de una gestión centralizada negligente y que a partir de este año nos tocará, una vez más, revertir”, reza el escrito.

Otros datos “alarmantes” se relacionan, acorde a lo recogido en la nota, con la “pobreza con carencia material severa” que se habría “casi duplicado” desde que Pedro Sánchez asumiese la presidencia, “pasando del un 4,7 por ciento al 8,9 según el Instituto Nacional de Estadística (INE)”. Es, dicen, un “nuevo récord histórico”. “A día de hoy, casi el 40 por ciento de las familias no pueden afrontar gastos extraordinarios y un 20 por ciento no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Es más, España tiene la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía, lo que evidencia que las políticas sociales no son suficientes (…)”, argumentan en los compases finales del texto.

Una problemática agudizada, más si cabe, a raíz de la situación que se vive en unos bancos de alimentos que “siguen atendiendo al 80 por ciento de las personas que requieren de este apoyo” y que “aseguran estar ya al borde del colapso por la falta de recursos”.

Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales recuerdan además en conversaciones con este digital la partida de hasta siete millones procedentes de las arcas regionales destinadas a “ayudar a los madrileños que no puedan acceder a este sistema por no tener menores a su cargo”. El objetivo, concluyen, que “nadie se quede atrás”. Aunque para ello resulte necesario que “el Gobierno de España actúe con mayor coherencia y urgencia”.