Bruselas es un lugar donde todo se negocia. En un club de 27 países es muy difícil que una decisión importe a todos ellos o que les afecte de alguna u otra manera, por lo que es habitual que entre todos lleguen a un entendimiento. Un ‘hoy por ti y mañana por mí’ que se convierte en una continua cadena de favores de unos Estados a otros. Sobre ese concepto basó Sánchez su estrategia para incluir el catalán, el euskera y el gallego como idiomas oficiales en la UE, pero Europa no tolera que se les venda por un interés personal.

Cuando en mitad de agosto, y con un Gobierno en funciones, España presentó al Consejo Europeo la propuesta de igualar los idiomas cooficiales al resto de lenguas de la UE, daba por hecho que sería coser y cantar utilizando la excusa de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En Moncloa sabían que a Zapatero ya se le había rechazado la misma propuesta hace casi veinte años, pero pensaban que ahora sería diferente. Y si no era así, el mero hecho de haberlo intentado creían que Puigdemont lo entendería como un gesto y aceptaría la investidura.

Lejos de eso, en Europa pronto empezaron las voces discordantes sobre la propuesta española. Eslovaquia fue la primera en cuestionarse por qué Sánchez quería oficializar el catalán en toda la UE cuando ni siquiera lo era en todo el territorio español. Después llegó Suecia para insinuar que vetaría la modificación del reglamento y, según ha podido saber El Debate, Finlandia, Dinamarca y Austria se oponen y casi la mitad de los países miembros muestran sus recelos a la ampliación de lenguas.

La parte presupuestaria es una de las pegas. Sánchez trata de convencer a los 26 países restantes con la solución de que caiga a cuenta de España, una estrategia previsible teniendo en cuenta que ya la había utilizado en el pasado. En 2022, el Gobierno solicitó al Parlamento Europeo que se pudiera hablar en catalán en los plenos asumiendo el total de los gastos que acarreara. La presidenta Metsola metió la solicitud en un cajón y no lo abrió hasta que se reavivó el debate dentro del Consejo Europeo.

Una cosa que no comparten los Estados –aunque saben de sobra las razones de por qué España lo ha hecho así– es la precipitación que tiene Sánchez para aprobar la moción. La solicitud se realizó en pleno mes de agosto, con las instituciones casi cerradas en Bruselas, con el Gobierno en funciones, y se pretende aprobar en un mes, sin debates previos ni el consecuente análisis de todo lo que podría acarrear ampliar el número de lenguas en la UE.

Por mucho que los costes se le carguen a España, serán todos los demás países los que tengan que soportar internamente las exigencias del resto de lenguas regionales. Si al catalán, al esukera y al gallego se le reconocen una serie de derechos, ¿qué les impide a las cerca de 80 lenguas regionales que hay en Europa reclamar los propios?

Aceptar los idiomas cooficiales españoles dentro de la UE sería como abrir la caja de Pandora para el resto de países. Por mucho que algunos quieran echarle una mano a Sánchez y pasen por el aro, otros piensan en una Europa a futuro y no están dispuestos a hipotecarlo a cambio de que el presidente español consiga su investidura. Para modificar el reglamento, Moncloa tendría que conseguir el sí unánime de los 27 y no eso no se producirá este martes, por lo que ni siquiera habrá votación. La duda es si habrá otro intento. De momento, Europa ya le ha dejado claro a Sánchez que por ahí no van a pasar y habrá que ver si Puigdemont se conforma con el intento o si ataca al Gobierno por no haberlo intentado lo suficiente.

(Gentileza de El Debate-Eduardo de Rivas)