El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado orden de perseguir con especial celo a los camioneros huelguistas que protestan ante la inacción del Ejecutivo frente a la escalada del precio del combustible.

El Ejecutivo socialcomunista ha instado ahora a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a emplearse con «contundencia» contra los piquetes cuando los dos partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, impulsaron y aprobaron en las Cortes la despenalización de tales actuaciones, recogida incluso en su acuerdo de coalición.

¿Cuál es ahora la coartada que se ha buscado el Gobierno para defender este cambio de discurso?

Pues la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez lo ha avanzado este jueves en un acto del PSOE: Los piquetes esta vez son de «extrema derecha». Ese es el argumento que esgrime Moncloa para amoldar el relato a sus intereses y evitar el caos del desabastecimiento en plena crisis internacional por la invasión rusa de Ucrania.

Entretanto, el Gobierno de Sánchez se niega a rebajar el IVA de los carburantes, y no anunciará medidas hasta el próximo 29 de marzo.

La subida del precio del combustible y la necesidad de mejorar sus condiciones labores, que no fueron resueltas en el acuerdo de diciembre entre Moncloa y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), representante de la patronal, son los dos principales motivos que han llevado a la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, integrada principalmente por pequeñas empresas, autónomos y asalariados, a convocar estos paros indefinidos.

El Gobierno se afana ahora en estigmatizar a estos trabajadores como «extrema derecha». Por su parte, la CNTC no ha secundado esta huelga, pero sí ha denunciado el «grave y descontrolado» aumento del coste del carburante.