El Gobierno de Pedro Sánchez ha registrado en 2022 un nuevo récord absoluto de opacidad informativa. Las cifras del Portal de Transparencia actualizadas al 31 de diciembre y cribadas por THE OBJECTIVE indican que durante todo el año pasado los ministerios españoles realizaron 533 denegaciones de información pública, cifra que supera ampliamente las 419 resoluciones rechazadas en 2021, la anterior cifra más alta también registrada por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Este diario ya informó de que al cierre del tercer trimestre ya se había superado el récord absoluto desde que existen datos, con 433 resoluciones rechazadas. A las que se han sumado otras 100 que se han producido en los últimos tres meses del año. En 2015 -y con Mariano Rajoy en La Moncloa- se denegaron 115 solicitudes de información, en 2016 se registraron 106 y en 2017 se cursaron 170. En 2018, y desde el verano con Sánchez liderando el Ejecutivo, comenzaron a dispararse las cifras con 247, para llegar hasta las 228 en 2019, las 284 en 2020 y las ya citadas 419 de 2021.

De esta manera, en 2022 no sólo se ha superado el récord histórico (un 27% más que en 2021), sino que además se ha rebasado por primera vez la cifra de 500 solicitudes denegadas, con un ritmo de crecimiento superior a los 100 expedientes por trimestre, una cifra nunca vista. Del mismo modo, desde que Gobierna el PSOE en coalición con Unidas Podemos, siempre se han superado las 200 denegaciones, incluso durante la pandemia cuando se requería una mayor transparencia de los diferentes ministerios y organismos públicos.

Denegación del Gobierno

Esta estadística incluye las resoluciones denegatorias y la concesión parcial de los datos solicitados, en este último caso casi siempre sin responder al requerimiento. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013 buscaba garantizar el acceso de cualquier ciudadano a la información pública, para lo que una de sus grandes novedades fue la creación del Portal de Transparencia. Desde finales del año 2014, cualquier persona puede realizar peticiones de información que son enviadas al departamento correspondiente.

Sin embargo, estas entidades tienen la potestad de denegar esta información o entregarla parcialmente argumentando una serie de excepciones como la «seguridad nacional», «la defensa», «intereses económicos y comerciales», «la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión», «la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios», «las relaciones exteriores», «el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial» o «la protección del medio ambiente».

En este sentido, en la evolución de 2022 puede apreciarse un exceso de celo de los respectivos ministerios, quienes son los que en definitiva deciden si envían o no la información requerida. El año pasado el récord de denegaciones lo ostentó el Ministerio del Interior con 104 denegaciones, seguido de Transportes con 77, Igualdad con 68, Hacienda con 46, Sanidad con 31, Exteriores con 29, Asuntos Económicos con 27 y Presidencia con 26.

Lideran Interior e Igualdad

Entre los que menos deniegan solicitudes de información encontramos a la Casa Real con solo dos, Justicia y Universidades con cuatro, Transición Ecológica con cinco, Política Territorial y Consumo con seis, Seguridad Social con siete, Ciencia y Cultura con ocho cada una, Agricultura con 11, Trabajo con 14, Industria con 15 y Defensa con 18.

En el caso del Ministerio del Interior se ha denegado información, entre otras cosas, por información sobre organizaciones criminales en España, el protocolo de actuación en la valla de Melilla, líneas regulares de transporte de presos entre diferentes centros penitenciarios, informes elaborados por el Centro de Inteligencia de lucha Contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) o el informe de Abogacía del Estado sobre la Covid.

También se han solicitado al Ministerio del Interior imágenes sobre los hechos ocurridos en la valla de Melilla el 24 de junio de 2022, detenidos en comisarías por nacionalidad o información relativa a seguridad pública de un exmiembro de la Casa Real.  Entre las razones para justificar la falta de información, el ministerio dirigido por Fernando Grande Marlaska suele argumentar «las relaciones exteriores», «la seguridad pública» y «la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios».

Viaje de Irene Montero

En segundo lugar de denegación de información del Gobierno, encontramos al Ministerio de Transportes. Se han negado a responder solicitudes como ofertas recibidas durante los meses de febrero, marzo y abril de 2020, para el suministro de mascarillas para la covid-19, número de incidencias ocurridas en el último año en la red de Cercanías de Barcelona o la oferta real de trenes en servicio en franjas horarias de 60 minutos para la red de Renfe Cercanías de Madrid. Se suele argumentar «los intereses económicos y comerciales» o mayoritariamente «la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión».

En el caso del Ministerio de Igualdad se da la particularidad que casi la totalidad de las solicitudes denegadas tienen que ver con la misma pregunta, formulada -y rechazada- hasta en 65 oportunidades: los gastos del viaje de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y sus acompañantes a Estados Unidos en verano. Para ello han usado razones de «seguridad nacional». En total se han rechazado 68 solicitudes en el año por parte de esta cartera y durante el cuatro trimestre no se produjeron denegaciones.

El cuatro departamento del Gobierno con más denegaciones es Hacienda, en cuestiones como el robo de datos personales a Hacienda por un hackeo, el contrato RTVE con una cantante para el Mundial de Fútbol de la selección española, información sobre las canciones recibidas para participar en la preselección para el festival de Eurovisión Benidorm Fest o la copia del expediente de solicitud de rescate de las clínicas dentales Vivanta por importe de 40 millones de euros. Los argumentos preferidos del ministerio de María Jesús Montero para rechazar son «los intereses económicos y comerciales» y «la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión».

Preguntas a Sanidad

El quinto ministerio con más denegaciones es Sanidad. En el año pasado rechazó información del contrato para compra de medicamento orales Pfizer contra la covid-19, información sobre medicamentos que contengan Tapentadol, información sobre fármacos contra la esclerosis múltiple en 2021 en el sistema nacional de salud (SNS), información sobre medicamentos que contengan Budesonida y Mesalazina o datos de ingresos en hospitales públicos por problemas de salud mental desde 2011 hasta 2022. Sanidad suele argumentar «la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión», para no dar la información solicitada.

Los datos del propio Portal de Transparencia indican que al 31 de diciembre del año pasado se han realizado 10.804 solicitudes de información de 3.910 personas. Desde 2014 se han realizado 58.787 solicitudes de 17.215 personas de las que 45.655 se han admitido a trámite y solo 30.265 se han respondido completamente. Este dato no incluye las peticiones de los ciudadanos que no están conformes con la información requerida, ni los que recurren la entrega de información errónea o incompleta entregada por el Gobierno.

(Gentileza de The Objetive-Fernando Cano)