El borrado penal de la mayor causa de corrupción de nuestra democracia, los ERE de la Junta socialista de Andalucía, que supuso el desvío de más de 600 millones de euros de las arcas públicas, está cada vez más cerca.

Tras el «indulto encubierto» a la que fuera consejera de Economía, Magdalena Álvarez, con el que se descolgaba la el Tribunal Constitucional (TC) la semana pasada, gracias a los siete votos del bloque izquierdista, la Corte de Garantías se prepara para avalar el recurso planteado por la ex consejera de Hacienda, y número dos de José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo contra su condena a 6 años de prisión y 15 más de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación. Así está previsto en el orden del día del Pleno que comenzará el próximo 2 de julio, apoyado en un borrador de sentencia que propone revocar la condena de seis años de cárcel que le fue impuesta.

Según ha podido confirmar El Debate, tal y como adelantaba El Español, la nueva ponencia a cargo de la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, plantea anular la sanción de Martínez Aguayo, quien ya goza del tercer grado penitenciario, al entender que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley, por parte del Ejecutivo socialista, no pueden ser consideradas constitutivas de delito.

El texto de la magistrada Montalbán que, según ha podido adelantar este diario cuenta con el visto bueno del sector izquierdista del TC, propone ordenar a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva sentencia «exclusivamente» en lo relativo al delito de prevaricación, no así con el de malversación, en el que considera que no hay retroacción posible y aboga su exoneración.

Esta ponencia iría en línea con la que el Pleno ya aprobó la semana pasada y anuló la condena de prevaricación de la también ex consejera de Andalucía y exministra socialista Magdalena Álvarez y ordenó a la Audiencia Provincial de Sevilla a dictar una nueva sentencia en la que tendrá que rebajar su pena, dado que la nueva doctrina del Constitucional, en un «exceso» de sus funciones como máximo intérprete de la Carta Magna, así lo ha fijado.

Los políticos «por encima de la ley»

En concreto, en aquella ocasión, el Tribunal ordenó dictar un nuevo fallo que excluyese los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004. Las fuentes consultadas apuntan que este argumentario se aplicará, también, en beneficio de Martínez Aguayo.

En la sentencia relativa a Álvarez, el Constitucional fijó que los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos, así como sus modificaciones, ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de Gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Por lo tanto, y de acuerdo con el voto de siete magistrados frente a los doce que –en primera instancia, posteriormente en casación en la Sala Segunda del Supremo y los cuatro discrepantes del propio TC, quienes emitieron un durísimo voto particular– sí consideran que los hechos enjuiciados correspondían a los tipos previstos en el Código Penal y merecían las penas impuestas.

En este sentido, el sector de la Corte más afín a Gobierno, incidió en que no son asuntos gubernativos sujetos de control penal y que «si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas nunca podrían llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor».

Está previsto que el 2 de julio, además de estudiar el recurso de Martínez Aguayo, el Constitucional estudie los recursos de amparo de los condenados Francisco Vallejo Serrano, Antonio Fernández García, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar. Todos ellos condenados en firme, a penas privativas de libertad por sendos delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación.

El paso previo para exonerar a Griñán

Según ha precisado el TC, la prioridad para estudiar y deliberar estos asuntos el 2 de julio se debe a la situación personal de cárcel en la que se encuentra cada uno de ellos que, una vez aprobado el fallo, deberían quedar, de inmediato, en libertad.

En el siguiente pleno, el del 16 de julio, los magistrados abordarán los recursos de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves contra la sentencia de los ERE por la que se les condenó a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación y 9 años de inhabilitación por prevaricación, respectivamente. También los del exconsejero Gaspar Zarrías y del exviceconsejero Antonio Vicente Lozano, ambos condenados a inhabilitación por delitos de prevaricación.

(Gentileza de El Debate-María Jamardo)