Después de amenazar durante meses con que tumbarían su propia ley de Protección, Derecho y Bienestar Animal, finalmente Podemos ha tragado con la exclusión de los perros de caza y votan junto con el PSOE a favor de la ley animalista. Lo de «misma ley, mismos perros» queda en papel mojado y los de Belarra reculan ante su socio de Gobierno por segunda vez en apenas quince días y agachan la cerviz como sucedió con la ley sólo sí es sí.

«Desde nuestro punto de vista evidentemente no tiene sentido dejar fuera de la ley a los perros de caza pero, a pesar de todo, vamos a votar a favor de la ley porque es una buena ley», afirmaba este jueves el diputado de Podemos Juan López de Uralde Garmendia para justificar el apoyo de su grupo a la que ha calificado como «enmienda de la vergüenza».

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que «es un honor» salir a defender la ley que criticaban hace apenas 24 horas. También ha lamentado profundamente «que se haya roto en el Parlamento el consenso que construimos en el Gobierno para proteger los derechos de todos lo animales, también de los perros de caza».

Belarra ha insistido en que «dejar fuera de esta ley a los perros de caza es dejar en la impunidad a los maltratadores de los perros de caza y a quienes descartan cachorros enterrándolos en cal viva». «Hemos llegado tan lejos como hemos podido con las fuerzas que tenemos. No tan lejos como hubiésemos querido», ha justificado Belarra.

‘Solo guau es guau’

Podemos también ha apoyado la reforma del Código Penal en materia de Bienestar Animal. La reforma lleva camino de encontrarse ante un problema jurídico similar al de la ley del sólo sí es sí, tal y como ha advertido el CGPJ en un demoledor informe porque la reforma del Código Penal que plantea Podemos supone que en algunos tipos delictivos la pena impuesta es superior cuando las víctimas son animales que cuando son personas.

El CGPJ también alegó que «la respuesta punitiva, en virtud del principio de proporcionalidad, debe ser acorde con la naturaleza del bien protegido». Para evitar un nuevo escándalo jurídico, el PSOE planteó una enmienda para que en los casos de agresiones a animales que no requieran tratamientos veterinarios, las multas aplicables estén en la horquilla de uno a dos meses, en vez de uno a tres meses, que es la que se aplica actualmente en los casos equivalentes de lesiones a personas.

PSOE y Podemos a la gresca con los perros de caza

PSOE y Unidas Podemos aprobaron en Consejo de Ministros una ley en la que se incluía a los perros de caza dentro de la normativa estatal. Pero las presiones de feudos socialistas con tradición cinegética (Castilla-La Mancha y Extremadura) hicieron que el PSOE propusiese una enmienda para excluir a los animales de trabajo (cazadores, pastores y de guarda de ganado) de la ley. Esta enmienda se aprobó el pasado mes de diciembre con el apoyo de PP, Vox, PNV y Coalición Canaria.

Desde entonces, la tensión entre Podemos y el PSOE ha sido máxima. Los morados acusaron a sus socios de Gobierno de colocarse «del lado de los maltratadores, de las personas que apalean, torturan y maltratan a los perros, (…) del lado de las personas que cuelgan galgos o que entierran al cachorros en cal viva».

En un último intento de conseguir que el PSOE rectificase, Podemos registró este miércoles una enmienda transaccional junto a ERC, Bildu y Más País para eliminar la exclusión de los socialistas sobre los perros de caza y recuperar el texto inicial de la norma que salió del Consejo de Ministros. Sin embargo, el PSOE no ha reculado, a diferencia de Podemos, que finalmente ha incumplido su palabra y ha traicionado a sus militantes votando a favor de la ley.

¿Dimitirá Sergio García Torres?

El principal impulsor de la ley de Bienestar animal, el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, aseguró el pasado mes de junio durante el I Congreso de Derecho de los Animales en el Colegio de Abogados de Madrid que dimitiría y tumbaría la ley de Bienestar Animal si los perros de caza y otros animales de trabajo quedaban excluidos.

Pero parece que García Torres ya no está tan dispuesto a renunciar a un salario anual de más de 86.108 euros, que es exactamente lo que se embolsó en 2021: «Nos queda menos de un año de legislatura y por lo menos nosotros y nosotras, cuando hacemos una norma, queremos que esté terminada al 100% y su reglamentación es parte de la ley. Creo que el trabajo no se puede quedar hecho a medias. Así que sí, la posibilidad de dimisión siempre está sobre la mesa, pero también la responsabilidad de terminar el trabajo que se ha venido a hacer y que se ha empezado», afirmó el pasado mes de enero en una entrevista publicada por Nius Diario.

Precisamente durante la sesión de este jueves, Vox ha destacado el poco valor de la palabra de García Torres y la de Podemos, que prometió tumbar su propia ley si los perros de caza quedaban excluidos: «Ahora traicionan a su militancia», ha señalado el diputado Ángel López, «ustedes son estafadores».

(Gentileza Libertad Digital- Marta Arce)