El Pleno del Senado devuelve a las menores de 16 y 17 años el derecho a abortar sin consentimiento paterno y blinda el acceso al aborto frente a protocolos antiabortistas como el planteado por Vox en Castilla y León.

Los senadores han dado luz verde este miércoles al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Tras un debate de 4 horas, el proyecto ha salido adelante con el voto a favor del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Junts, PNV, Más Madrid, Més per Mallorca, Compromís; el voto en contra del PP, VOX, Ciudadanos, UPN; la abstención de Geroa Bai, Teruel Existe y PRC. En total ha contado con 146 votos a favor, 110 en contra y 6 abstenciones.

Al texto, que llegó a la Cámara Alta el pasado 20 de diciembre y que se tramita por la vía de urgencia, se presentaron tres propuestas de veto, de las cuales quedaron dos, una de VOX y otra del PP, que han sido rechazadas, y 186 enmiendas, de las cuales solo se ha aprobado una de Compromís que modifica el artículo 19.2, que dice que los centros sanitarios «proporcionarán el método quirúrgico o farmacológico, de acuerdo con los requisitos sanitarios de cada uno», añadiendo que se habrá de «informar a la mujer sobre los procesos y sus efectos secundarios».

Además, este miércoles se ha presentado y, posteriormente, aprobado, una enmienda transaccional firmada por todos los grupos con una modificación técnica del artículo 31, que se refiere al aborto forzoso y la esterilización y anticoncepción forzosas, «por calidad normativa en la redacción», según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Desde su escaño, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha agradecido «de corazón» a la «mayoría feminista del Senado» que ha permitido la aprobación de esta reforma.

El proyecto de ley, que ahora tendrá que volver al Congreso para su aprobación definitiva, sale del Senado con un blindaje del acceso al aborto, a través de una enmienda transaccional del PSOE sobre otra de Más Madrid al texto procedente del Congreso, que fue firmada por todos los grupos e introducida en la fase de ponencia.

Con esta enmienda, la ley recoge en su artículo 24 que las administraciones deberán «garantizar el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta ley y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo» con «la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente».

(Gentileza de Madridpress)