La decisión de Vox de votar «no» el dictamen de la ley de presupuestos regionales para 2023 esta tarde en la comisión de Hacienda de la Asamblea de Madrid sepulta de hecho las cuentas públicas que había presentado el PP, y con las que pensaba encarar el año electoral que viene. Tras la votación, que ganó el «no» por 9 votos, frente a los 8 del PP, los presupuestos se convierten en papel mojado, y con ellos se van por el sumidero también las mejoras que introducían: algo más de 11 puntos de incremento respecto a los de este año, y hasta 1.000 millones de euros más para la Consejería de Sanidad.

El vodevil en que se ha convertido este año la negociación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid ha dado este viernes el que puede ser su último paso, algo que deberá decidir la Mesa de la Asamblea en las próximas horas. Aunque, dados los precedentes, cabe la posibilidad de que sea el penúltimo, y alguien saque todavía algún conejo de la chistera. La presión ha ido en aumento en las últimas horas, para conseguir que Vox cambiara de postura, y por parte de los de Rocío Monasterio, para que el PP cediera y admitiera alguna de sus propuestas.

Por resumir la situación, ambos partidos no lograron alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos de 2023, y Vox esperó tan hasta el último minuto para presentar sus enmiendas que éstas se registraron tarde, y fueron rechazadas por ello. A partir de ahí, se inició un diálogo de besugos entre ambas formaciones: Vox aseguraba que el retraso se había debido a un fallo informático que los servicios de la Cámara madrileña negaron. Luego advirtió que era la dirección nacional del PP, desde Génova, la que marcaba el paso al partido en Madrid y le impedía negociar con ellos.

El PP, por su parte, tachaba de «huida hacia adelante» la actitud de Monasterio y los suyos para no reconocer su error con las enmiendas tardías. El último giro de tuerca lo daba esta misma mañana Santiago Abascal, cuando propuso un pacto político a Ayuso para desencallar los presupuestos. La misma pretensión que repetía en la Asamblea Rocío Monasterio, que incluso apuntaba su posible contenido: «Derogar la Ley Trans de la Comunidad, que está haciendo tanto daño, no cuesta nada».

Pero la presidenta respondió a la madrileña: «El avión despegó, y no vuelve a tierra para recoger a un pasajero que no se ha ocupado de llegar a tiempo». De forma más ortodoxa, señalaba que «no voy a intercambiar derechos y obligaciones de las leyes por presupuestos».

Fuentes populares ponían el acento en todo lo que se perderá al no poder tramitar los presupuestos: los 1.000 millones más con que se potenciaba la Sanidad, para mejora de Atención Primaria, rebaja de listas de espera, o reformas de hospitales como La Paz, 12 de Octubre o Niño Jesús; las 10.000 nuevas plazas de FP o los 150 millones para mejorar las residencias de mayores; o los 40,7 millones para duplicar las ayudas por maternidad a mujeres menores de 30 años; junto con las prolongaciones de las líneas 11, 3 y 5 de Metro.

En el PP, el diputado Álvaro Ballarín insistía en su sorpresa: no entendían que Vox, que estaba de acuerdo con el 99 por ciento de los presupuestos -sus enmiendas apenas suponían modificar 65 millones de un presupuesto de 25.000-, los hubiera tumbado. Rocío Monasterio lo explicaba horas antes: «No se puede tolerar que el PP quiera un ‘contrato de adhesión’ a cambio de nada».

Este viernes, el líder de Vox Santiago Abascal ha ofrecido a Isabel Díaz Ayuso un «acuerdo político» a cambio de aprobar los Presupuestos, un ofrecimiento que la presidenta regional ha rechazado.

«No voy a intercambiar derechos y obligaciones de las leyes por presupuestos», ha afirmado Ayuso, que se había comprometido a incorporar «a lo largo del 2023 todas aquellas enmiendas que puedan mejorar los servicios públicos de la Comunidad de Madrid».

No voy a intercambiar derechos y obligaciones de las leyes por presupuestos. pic.twitter.com/pR1xSU5UZk

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 16, 2022