El Gobierno ha aprovechado el día de la Constitución para asumir lo que hasta hace unas horas venía negando: que se va a reformar el delito de malversación. Pedro Sánchez ha aprovechado los corrillos posteriores al acto por la Carta Magna para reconocer que están trabajando en esta modificación, mientras ha prometido que “no se van a rebajar las penas de corrupción y que no se va a retroceder en la lucha contra la corrupción”.

La enmienda de ERC, que presentará esta semana, y que está acordada con el Gobierno y Podemos, buscará diferenciar entre malversación y “enriquecimiento ilícito”. Un alto cargo de la Moncloa pone el siguiente ejemplo: “Un alcalde que recibe fondos europeos para digitalizar el Ayuntamiento y destina ese dinero para pagar las nóminas .No es corrupción pero es malversación” . “¿Tiene sentido penar a Bárcenas lo mismo que a ese alcalde?”, preguntan en el Ejecutivo sobre este hipotético caso. En el entorno de Sánchez reconocen así, implícitamente, que conocen la enmienda de ERC.

Sánchez ha remitido al “derecho comparado” y en su Gobierno remiten a los Códigos Penales de Francia, Italia y Portugal pero no Alemania, ya que el país germano es más restrictivo incluyendo que no diferencia entre fondos públicos y privados. En el Gobierno ya asumen que su leit-motiv para defender esta impopular reforma será que “queremos homologarnos a los estándares europeos”. Lo mismo que utilizaron con el delito de sedición.

Una reforma a la medida de ERC

Pero detrás de esta reforma del delito de malversación no hay otro interés que beneficiar a ERC que lleva tiempo presionando para modificarla. Hay varios diputados separatistas en el Parlamento catalán a los que se les ha abierto juicio oral por malversación al organizar el reférendum ilegal. Los últimos: Lluis Salvadó y Josep María Jové, muy próximos a Oriol Junqueras. También la actual consejera de Cultura de la Generalidad, Natàlia Garriga, está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por idénticos motivos.

Enmienda del PSOE

Pedro Sánchez también ha reconocido que el Grupo Parlamentario del PSOE está planteándose una enmienda, aprovechando que el periodo de enmiendas al Código Penal está abierto, para hacer “retoques técnicos” a la ley del “sí es sí”, tras el goteo de rebajas penitenciarias a violadores.

Si el Alto Tribunal se vuelve a pronunciar a favor del “caso por caso”, como hizo con la revisión del Arandina en vez de crear jurisprudencia, en la Moncloa verían bien introducir ese “retoque”. En el Gobierno matizan que eso se produciría si hay una segunda sentencia del Supremo antes del viernes, algo que algunos ministros ven complicado. ¿Por qué el viernes? Porque el día 9 finaliza el periodo de enmiendas a la reforma del Código Penal

Si el Supremo se pronuncia más tarde, en el Gobierno no descartan modificar la ley Montero a través de una enmienda a una ley Orgánica. En ese caso, la Moncloa se fijaría en algunas de las numerosas normas que se están tramitándose, como por ejemplo la de Bienestar Animal.

Ley Trans

Sánchez también ha defendido que “mantendrán las enmiendas a la ley trans” porque “quieren dar seguridad jurídica”. En el PSOE ven voluntad de acuerdo y piden a Igualdad que reconozcan que “los menores tiene especial protección”, pese a que Irene Montero mantiene la autodeterminación de género como línea roja.

Los socialistas persistirán en sus enmiendas para que un juez decida si los menores de 14 años puede cambiar de sexo, aunque se abren a respaldar la ley “si la enmienda decae”. “Nosotros votaremos a favor de la norma”, reconocen en la dirección del Partido Socialista aunque esperan que sus objeciones salgan adelante en la Comisión.

(Gentileza Libertad Digital- Rubén Fernández)