En un giro que intensifica el caso judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, el juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que un jurado popular la juzgue no solo por malversación, sino también por otros cuatro delitos graves.

Esta medida, detallada en un auto judicial reciente, abre un procedimiento inédito en la democracia española, donde un grupo de ciudadanos determinaría su culpabilidad en materia de corrupción.

El magistrado de la Audiencia Nacional argumenta que los delitos imputados (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional) encajan en el ámbito de competencias de un tribunal del jurado, al igual que la malversación ya transformada en tal procedimiento.

Según el auto, estos cargos surgen de las investigaciones sobre las actividades de Gómez en la Universidad Complutense y sus supuestas conexiones con contratos públicos y asesorías controvertidas.

Peinado ha notificado esta decisión a la defensa de la investigada, su asistente Cristina Álvarez y el exdelegado del Gobierno Francisco Martínez, todos citados para declarar.

Esta no es la primera vez que el jurado popular entra en escena en este expediente. Hace apenas una semana, Peinado ya había acordado que la malversación (relacionada con el uso presuntamente irregular de fondos públicos para una asesora) se viera ante ciudadanos ordinarios, en lugar de jueces profesionales.

La ley orgánica del jurado, impulsada en su día por el PSOE, obliga a este formato para delitos como la malversación, donde el 92% de las sentencias han sido condenatorias en la historia reciente.

Críticos señalan que esta estadística podría jugar en contra de Gómez, contaminada por la exposición mediática y los bulos difundidos en redes.

La reacción en X ha sido inmediata y polarizada. Usuarios conservadores celebran el paso como un avance en la lucha contra la corrupción, acorralando a la “familia Sánchez” con un banquillo mixto que incluye a allegados.

“Begoña Gómez acorralada: Peinado pide que jurado popular la juzgue por cuatro delitos”, tuitea EDATV, destacando el potencial de un veredicto ciudadano.

Por el contrario, voces progresistas lo ven como un ejemplo de “lawfare” o guerra judicial, con Peinado recurriendo a un jurado para sortear la debilidad de sus pruebas ante un tribunal técnico.

“El juez Peinado quiere que un jurado popular juzgue también los otros cuatro supuestos delitos de Begoña Gómez”, alerta Susana Pavón, etiquetando #Lawfare y #Democracia.

El contexto agrava la tensión. La defensa de Gómez ya recurrió la transformación inicial por malversación, temiendo un jurado “elegido” por sesgos ideológicos, donde siete de nueve miembros podrían inclinarse hacia la derecha.

“Si son elegidos cinco jurados de derechas ya estaría”, advierte Enrique Clemente, recordando que la izquierda impulsó esta figura para democratizar la justicia, pero ahora la ve como trampa.

Las implicaciones son profundas. Si prospera, este sería el segundo juicio con jurado contra Gómez, un hito que podría extenderse meses y exponer detalles íntimos de Moncloa.

Con un 92% de condenas en jurados previos, el temor en el Gobierno es palpable, como resume un tuit: “Terror en Moncloa”.

Este caso no solo pone a prueba la independencia judicial, sino el rol del jurado en una era de polarización digital.

Peinado avanza, pero la Audiencia Provincial decidirá si el pueblo español dicta sentencia sobre la mujer del presidente del Gobierno, no de la primera dama como dice la izquierda.

El Atalayero