La nueva Ley de Secretos Oficiales que ultima el Gobierno es una inquietante apuesta regresiva de Pedro Sánchez que, con la excusa de garantizar la custodia de información sensible, resucita la censura y la castiga con elevadas penas económicas.

Los posibles excesos del periodismo, que sin duda existen, están perfectamente regulados en los códigos Penal y Civil español, además de por el contumaz juicio de las audiencias, que ponen límites a uno de los derechos esenciales de una democracia y frenan a quienes los usan espuriamente. No hace falta, pues, otra instancia distinta para enjuiciarlos, y mucho menos si es política.

Porque de eso trata esta norma, como acertadamente ha denunciado la Federación de Asociaciones de la Prensa en un durísimo comunicado que alerta sobre los peligros que encierra, resumidos en uno: será el propio presidente, a través de un ministro nombrado por él, quien decida qué es clasificado y quien señale y sancione a quien a su arbitrario juicio se haya saltado su caprichosa decisión previa.

Nada mejor que poner ejemplos potenciales de qué podría ocurrir: si el Gobierno decidiera proteger el uso abusivo del Falcon por parte de Sánchez, las obras de acondicionamiento de Las Marismillas, las andanzas de Marlaska con los presos de ETA, el sonrojante rescate de Plus Ultra o la justificación de los negligentes indultos a sus socios de ERC y este periódico lo publicara todo, como ha hecho tras meses de investigación, El Debate podría ser multado con cifras millonarias.

Que Sánchez se presente como garante de los secretos de Estado, tras incluir en la comisión que los gestiona a Podemos y dar cuenta de ello a Bildu o ERC o tras jugar con ellos en el caso Pegasus, es sangrante. Pero también indiciario de sus verdaderas intenciones.

Porque lejos de ser una iniciativa aislada, responde a una estrategia perfectamente urdida por Sánchez para asfixiar o limitar la libertad de información, que ejecuta de muy distintas formas: desde garantizarse fidelidades e imponer castigos con la publicidad institucional hasta lanzar una Estrategia Nacional contra la Desinformación que, con la excusa de combatir las fake news, pretendía instaurar una especie de «Ministerio de la Verdad» para escribir desde Moncloa el relato interesado de la actualidad.

Hay que recordar que, en plena pandemia, la Guardia Civil recibió la orden de «monitorizar» las redes sociales a la búsqueda de críticas al Gobierno, o que Sánchez acumula más resoluciones y sentencias en contra que ningún otro gobernante desde instituciones como el Consejo de Transparencia, la Audiencia Nacional o el mismísimo Tribunal Constitucional.

Y de su ansia por monopolizar todos los poderes y acabar con la separación entre ellos, sustento de la propia democracia, dan cuenta el asalto a la Fiscalía General del Estado, el control de RTVE o el intento de control del Poder Judicial.

La información libre es, pues, otro de sus objetivos. Y quien intenta eso en realidad pretende controlar a la propia sociedad: los medios de comunicación no son más que depositarios y gestores de un derecho delegado por los ciudadanos, que son quienes han de tener la libertad constitucional total para transmitir y recibir información y opinión.

Rebelarse contra Sánchez en este asunto no depende de banderas ideológicas ni de gremialismos, sino de una necesidad elemental de las sociedades libres. Que pretenda arrogarse el derecho a decidir qué se cuenta y cómo el presidente más opaco desde 1978 es una frivolidad, sin duda. Pero también un abuso intolerable que nadie puede admitir.

(Gentileza de El Debate-Editorial)