El pasado jueves durante el pleno en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso anunció que su gobierno recurrirá la regularización masiva impulsada por Pedro Sánchez. La cuestión es que la presidenta madrileña todavía no puede hacerlo, puesto que esta no ha sido aprobada en Consejo de Ministros, pero desde la Real Casa de Correos ya se preparan para redactar el recurso en cuanto Moncloa dé luz verde al Real Decreto.

Desde el gobierno regional esperarán a las alegaciones del Consejo de Estado para conocer su opinión y, con el texto definitivo en la mano, acudirán al Tribunal Supremo para presentar el recurso. Junto a él, se pedirán al alto tribunal medidas cautelares para evitar que la Justicia derogue el Real Decreto cuando haya ya miles de personas regularizadas.

“No tendría sentido continuar con el recurso si ya se han regularizado miles de personas”, sostienen fuentes del gobierno regional, desde donde creen indispensable que se conceda la cautelar para conseguir una paralización efectiva de esta regularización masiva que pretende legalizar a entre 500.000 y 850.000 personas.

Al fin y al cabo, el objetivo de Isabel Díaz Ayuso es poner freno a esta regularización para evitar el colapso de los servicios públicos, algo que lleva alertando la presidenta madrileña desde principios de año. Por tanto, si no se pidiesen cautelares, no se conseguiría el fin buscado con dicho recurso.

Ni diez regularizaciones masivas van a conseguir tapar un nuevo escándalo inédito en nuestra democracia: que la mujer del presidente del Gobierno esté pentaprocesada por valerse de la posición de su marido.

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— PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 14, 2026

Mientras tanto, en la región, la izquierda allana el terreno para agilizar las regularizaciones en cuanto estén disponibles. Podemos ha habilitado todas sus sedes de Madrid para facilitar ayuda administrativa y legal a los inmigrantes irregulares que quieran acogerse a la regularización. Y mientras tanto, PSOE y Más Madrid “aprietan” a Isabel Díaz Ayuso para que refuerce las plantillas encargadas de facilitar documentación para llevar a cabo el proceso.

Desde el Gobierno regional la respuesta es clara: la oficina no va a dejar de priorizar a los viajeros que necesiten registrar incidencias y tampoco va a aumentar su plantilla para favorecer una regularización ante la que se opone. Además, desde el CRTM tampoco van a derivar estos casos a otras oficinas para evitar el colapso de otros servicios.

Se suma a que el PSOE ya registró una Proposición No de Ley para reforzar “tanto las plantillas de personal como los horarios de atención en los registros de la Administración autonómica durante los meses en los que se desarrolle dicho proceso”.