La Comunidad de Madrid emplea el deporte como pieza básica para la reintegración en la sociedad de quienes cumplen medidas judiciales en los centros de la Agencia regional para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). El impacto de esta herramienta de apoyo ha demostrado ser de gran utilidad para las personas de este colectivo.

Así lo ha asegurado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, que ha visitado el complejo Teresa de Calcuta de la ARRMI –ubicado en la localidad de Brea de Tajo–, donde ha participado en la presentación del libro “Mi Once de Oro”, escrito por el entrenador Antonio Fernández Marchán, responsable del programa “Mucho más que fútbol” que se desarrolla en este recinto desde el año 2012.

“Sabemos perfectamente que la práctica deportiva es siempre la mejor escuela de valores y la mayor expresión de la superación personal”, ha apuntado López, que ha agradecido a Fernández Marchán la “enorme sensibilidad social” que ha desplegado en “una obra imprescindible, pues da visibilidad a la intervención profesional que se realiza con los menores y jóvenes infractores”.

Tras recordar que los casos de éxito con la población atendida por la ARRMI supera el 90%, el consejero ha alabado “su modelo, del que estamos orgullosos y que es una referencia nacional e internacional, del que nos piden información desde otros territorios, incluso en gobiernos de países vecinos como Portugal”.

En “Mi Once de Oro” (editorial Círculo Rojo), su autor pone a disposición de los lectores una selección de historias entre los más de 300 internos que han participado en Mucho más que fútbol durante la última década. Todo ello, respetando siempre el anonimato de los adolescentes y poniendo en valor la labor de los trabajadores de la ARRMI.

Fernández Marchán trufa cada capítulo con una serie de reflexiones personales. Y cada uno de ellos está apadrinado por personajes públicos que han tenido la ocasión de conocer esta iniciativa de primera mano y participar en algunas de las sesiones. Entre ellos se encuentran Sergio Ramos, Dani Alves, David Demaría, Canco Rodríguez o Andrea Duro.

En la actualidad, 1.625 jóvenes y menores infractores están cumpliendo medidas judiciales –278 en internamiento y el resto en el ámbito no privativo de libertad compuesto por las medidas de medio abierto y las reparaciones extrajudiciales– gracias a la atención de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con seis Centros de Ejecución de Medidas Judiciales, de los cuales cinco se ubican en Madrid capital (Renasco, Altamira, El Madroño, El Laurel y El Lavadero) y uno en el municipio de Brea de Tajo (Teresa de Calcuta). Todos, a excepción de este último, son complejos de titularidad pública: Altamira, El Madroño y Renasco gestionados directamente por la Administración regional, y El Laurel y El Lavadero de manera indirecta, mediante un contrato administrativo de servicios en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022. Para continuar la labor, se está licitando un nuevo contrato a partir del 1 de enero de 2023.

En total, los seis espacios contemplan hasta 292 plazas para medidas judiciales de internamiento, 278 ocupadas (un 95 por ciento), diferenciadas por el tipo de régimen: 97 (cerrado), 173 (semiabierto), 8 (abierto) y 3 (en otras comunidades autónomas).

Está prevista una ampliación a 300 plazas disponibles. Por sexos, los menores y jóvenes varones quintuplican a las mujeres: 237 (el 85 por ciento) frente a 41 (el 15 por ciento restante). Y por nacionalidades, los españoles, 183 (el 66 por ciento), doblan a los extranjeros, 95 (el 34 por ciento).

De estos 95 menores extranjeros, 35 proceden de Marruecos, 32 de Iberoamérica (Colombia, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, Honduras, Brasil, Bolivia y Perú), 12 de Rumanía y los otros 16 de diversos países como Nigeria, Bulgaria, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Argelia, Croacia, Polonia, Portugal y Estados Unidos.

En relación a los 1.347 jóvenes obligados a cumplir medidas judiciales de medio abierto y reparaciones extrajudiciales, 786 están en libertad vigilada, 353 deben acometer tareas socioeducativas y 94 prestaciones en beneficio de la Comunidad, 5 tienen que someterse a tratamiento ambulatorio, 4 mantener convivencia con otra personas o grupo educativos y 100 hacer frente a reparaciones extrajudiciales.

El Centro Teresa de Calcuta es el único de los seis centros dependientes de la Comunidad de Madrid que es de titularidad privada. Su ocupación actual es del 93 por ciento (128 menores y jóvenes), y los delitos más significativos son: 42 por robos con violencia, intimidación, con fuerza en casa habitada y hurtos; 5 por homicidio y 27 por en grado de tentativa, 10 por asesinato y 5 en grado de tentativa, 13 por delitos contra la libertad sexual, 11 por lesiones, 8 por violencia intrafamiliar, 2 por atentado a la autoridad, 1 por autoadoctrinamiento y 1 por delito contra la salud pública.

Redacción