La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre el contrato sanitario vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No obstante, el Ministerio Público sostiene que no se aprecian “indicios delictivos” contra la presidenta madrileña.

Hasta este martes, Anticorrupción ha estudiado las tres denuncias presentadas el viernes pasado por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid en las que se pedía se investigue el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según el decreto de incoación firmado por el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, “las tres denuncias se limitan a solicitar de la Fiscalía Especial la incoación de Diligencias de Investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos en ellas relatados, en las que, si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid”.

“No obstante esta falta de concreción”, añade, “sí resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados. Y ello, en primer lugar, por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución, conforme a sus arts. 103 y 106; en segundo lugar, por la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña”.

Anticorrupción destaca que “las denuncias presentadas por las representaciones de los Grupos Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos de la Asamblea de Madrid se limitan a solicitar la investigación de los hechos que en ellas se relatan. Por lo que se refiere a la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dña. Isabel Díaz Ayuso, autoridad aforada ante el Tribunal Supremo, los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios”.

“Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen “indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”, en el sentido que exige la Consulta 1/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre competencias de las Fiscalías para tramitar Diligencias de Investigación que afecten a personas aforadas”, concluye la Fiscalía.

En su escrito, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso –el hermano de la presidenta– medió con el Gobierno regional y que consiguió una “comisión” por ello. El PSOE entiende que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido “tráfico de influencias” y “malversación de caudales públicos”; y Más Madrid señala en su denuncia que podría haber “cohecho” y “tráfico de influencias”.

Díaz Ayuso aclaró este viernes que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid. Y precisamente este mismo lunes entregó documentación al respecto a Anticorrupción.