El ex presidente de la Generalidad Valenciana Eduardo Zaplana carga contra la juez del denominado caso Erial en un duro recurso de apelación en el que expone las múltiples irregularidades que se dieron durante la instrucción.

Por ello, en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, quien fuera también ministro de Trabajo con el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar pide dejar sin efecto el auto del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que le  procesa por el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos. Además, solicita el sobreseimiento provisional de la causa, al considerar que la perpetración del delito que dio motivo al inicio de las actuaciones no está «debidamente justificada».

El auto recurrido por Eduardo Zaplana supone el final de la instrucción y el paso previo a la apertura de juicio oral por el caso Erial, una decisión que llega siete años después del inicio de una investigación en la que, según argumenta la defensa del ex presidente de la Generalidad, se han cometido diversas irregularidades.

Entre ellas, destaca el «veto» a la intervención de los investigados, a quienes, según consta el escrito al que tenido acceso OKDIARIO, se denegó cualquier tipo de información relacionada con las actuaciones. Tampoco se permitió a Zaplana declarar en la causa, un derecho reconocido por el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual  todo imputado «podrá declarar cuantas veces quisiere y el Juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviese relación» con el caso.

Pero no sólo eso. Según argumenta la defensa del ex ministro, las declaraciones que sí se tomaron durante el secreto de las actuaciones, a su juicio «de forma opaca por la Guardia Civil», nunca fueron sometidas a contradicción. .Entre ellas figura la del abogado uruguayo Fernando Washington Belhot Fierro, quien cambió radicalmente de versión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para cambiar su posición procesal de investigado a testigo a cambio de «colaborar con la Justicia».

Belhot, hasta entonces acusado de los delitos de cohecho, prevaricación y malversación, pasó de negar todas las acusaciones a autoincriminarse y declararse supuesto testaferro de Eduardo Zaplana, convirtiéndose su testimonio en la principal prueba contra el ex ministro del PP.  Este tipo de acuerdo, según señala la defensa del ex ministro, es manifiestamente «ilegal», al no contemplar el sistema jurídico español «la concesión de un beneficio punitivo consistente en garantizar la completa inmunidad de una persona que supuestamente ha participado en los hechos delictivos».

«Hallazgo»

Asimismo, la defensa de Eduardo Zaplana cuestiona el hallazgo de los documentos que dieron inicio a las actuaciones, que se obtuvieron durante el registro del despacho de Marcos Benavent, más conocido como el yonki del dinero, incluso a pesar de que la autorización judicial de registro limitaba la incautación de archivos a aquellos «directamente relacionados» con el caso Imelsa, una causa que nada tenía que ver con los papeles que se requisaron y que dieron pie a esta causa. Del hallazgo de esta documentación, además, se informó más de cinco meses después del citado registro por lo que la defensa de Eduardo Zaplana entiende que se produjeron «excesos» en la actuación policial.

Sobre este aspecto, el recurso de apelación al que ha tenido acceso OKDIARIO argumenta además que, dado que el nombre de Zaplana  no figuraba en los documentos incautados, ni en los protocolos notariales, su conexión con estos archivos se construyó «mediante la rocambolesca historia de su supuesta aparición» en el que había sido domicilio del ex ministro, «aunque para ello haya que olvidarse que las fechas de dichos documentos o la de su impresión son posteriores a la venta y desalojo de la vivienda por mi representado».

Pruebas

Por último, la defensa del ex presidente de la Generalitat interesa la práctica de nuevas diligencias. Entre ellas, las destinadas a esclarecer quién está detrás de Natland, mercantil a la que Nuevo Sol Granadella pagó 2,2 millones de euros en mayo de 2009 supuestamente con comisiones de la privatización de las ITV y del Plan Eólico.

También pide que se cite a declarar a los componentes de la mesa de adjudicación de las ITV, así como a los destinatarios de los fondos procedentes de las compañías controladas por Fernando Washington Belhot, «quienes podrían declarar si esos fondos fueron finalmente a manos» de Zaplana. Asimismo, la defensa del ex ministro pide que se escuche, entre otros, al yonki del dinero, que llegó a asegurar en sede judicial que los documentos que impulsaron la investigación, y que supuestamente fueron hallados en la vivienda de Eduardo Zaplana, «fueron intencionada y minuciosamente manipulados con un objetivo», así como que «todo fue un montaje». 

Por todo ello, la defensa Eduardo Zaplana recurre en apelación el auto de transformación por el que el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia procesa al ex ministro, una decisión que califica de «precipitada, desordenada y confusa» y que no cuenta con indicios suficientes en los que sustentar su imputación.

(Gentileza OK Diario)