El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado una campaña informativa para poder nacionalizar a violadores y a pederastas extranjeros. Una polémica campaña que se pone en marcha en pleno estallido de delitos sexuales en todo el país relacionados con ‘manadas’ integradas por personas de origen español y extranjero.

El Ministerio de Justicia de Pilar Llop ha publicado en los últimos días dos vídeos en sus redes sociales oficiales titulados «¿Cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales? Tutorial paso a paso» y «Cancelación de antecedentes penales y sexuales. ¿Qué es y quién puede solicitarla?».

La campaña informativa es presentada en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Justicia con el siguiente texto: «Los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia».

Los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia.

🎥Aquí te explicamos paso a paso cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales⤵️https://t.co/USJBPACTCQ

— Ministerio Justicia (@justiciagob) June 12, 2022

En el primero de los vídeos se explica entre otros detalles lo siguiente: «¿Tienes derecho a la cancelación de tus antecedentes penales? Te explicamos paso a paso cómo conseguirlo de forma online. Los antecedentes penales recogen la información de las sentencias firmes que posee una persona mayor de 18 años por cometer algún delito. Dentro del proceso de transformación digital que está llevando a cabo el Ministerio de justicia se ha desarrollado un sistema robotizado de automatización que cancela de oficio la mayoría de las penas que cumplen con los requisitos marcados. Esto significa que tu pena puede cancelarse sin que tengas que solicitarlo».

«Para consultarlo puedes solicitar un certificado de antecedentes penales y/o sexuales en el enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo. Ten en cuenta que para poder solicitar la cancelación de antecedentes penales deberán cumplirse una serie de requisitos como la extinción de la responsabilidad penal. Es decir, que la pena ya se haya cumplido o que haya prescrito. Completar unos plazos de tiempo contados desde la fecha de extinción de la responsabilidad criminal. Además, durante el plazo de cancelación no debe haberse cometido ningún delito».

En el segundo vídeo, el Ministerio de Justicia aborda esta cuestión teniendo en cuenta las edades de las víctimas y de los agresores: «Para la obtención de la cancelación de antecedentes sexuales deben cumplirse una serie de requisitos. Cuando la víctima y la persona condenada son mayores de edad, la cancelación se atenderá según lo establecido para la cancelación de antecedentes penales. Cuando la persona condenada es menor de edad, independientemente de la edad de la víctima, se cancelara de oficio a los 10 años desde que el menor alcance la mayoría de edad siempre que se haya extinguido la responsabilidad penal. Cuando la víctima es menor y la persona condenada es mayor de edad, la cancelación se realizarán cuando se cumplan 30 años desde la finalización de la pena».

«Tras verificar el cumplimiento de los requisitos para la cancelación de antecedentes sexuales, el encargado del registro elevará la propuesta de cancelación. La resolución la dictará la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia en un plazo máximo de 3 meses. Si en ese plazo no ha recaído una resolución expresa, la solicitud se entenderá como desestimada. En caso de denegarse la petición, la persona afectada podrá interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional», concluye.

El «blindaje» de obtener la nacionalidad

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que «la obtención de la nacionalidad puede convertirse en ocasiones en un blindaje, no si matices, para la entrega de un delincuente en un procedimiento de extradición por delitos cometidos fuera de España.

El artículo 3.3 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva señala que «cuando el delito se hubiere cometido fuera del territorio del país que solicite la extradición, ésta podrá ser denegada si la legislación española no autorizare la persecución de un delito del mismo género cometido fuera de España».

Las mismas fuentes consultadas por este diario añaden que este caso podría ser extrapolable a un delito de asesinatos entre bandas callejeras en un país sudamericano. «Podría paralizarse una extradición de un delincuente si este delito tuvo lugar fuera de nuestro país y posteriormente, el autor consigue la nacionalidad española».

Además, cabe destacar que con esta campaña informativa del Ministerio de Justicia de Pilar Llop se consigue camuflar los datos estadísticos sobre la delincuencia extranjera en España.

(Gentileza de Libertad Digital)