Karima Benyaich, embajadora de Marruecos, y Khalid Zorouali, director de migraciones y vigilancia de las fronteras de ese país, se reunieron el 26 de febrero con representantes del ministerio de Interior y de la Comunidad para pedir información sobre la situación de los cientos de menores no acompañados marroquíes que han llegado hasta Madrid. La mayoría de estos adolescentes han vivido hacinados en un centro de Hortaleza.

La cita fue el primer paso para crear un grupo de trabajo que Interior quiere ampliar a otras regiones.

El titular del ministerio, Fernando Grande-Marlaska, reconoció en noviembre su interés en trabajar con los países de origen ante “posibles repatriaciones” que ya se contemplan en un acuerdo de 2012 firmado por España y Marruecos.

La cita fue en la sede de la dirección general de la Familia y Menor de la Comunidad y reunió a representantes políticos del máximo nivel de los dos países, según fuentes consultadas por EL PAÍS.

Por Marruecos, además de la embajadora y el integrante del ministerio del Interior, fueron convocados Amine Chaoudri, consul general, y tres consejeros.

Por España asistió Elena Garzón, directora general de relaciones internacionales y extranjería del ministerio del Interior. Y la Comunidad estuvo representada por Alberto San Juan, director general de Familia y Menor.

Sobre la mesa, la gestión que se está haciendo de las llegadas de cientos de menores no acompañados marroquíes a Madrid. Y en el trasfondo, la petición lanzada solo diez días antes por Felipe VI durante su viaje oficial a Marruecos: Ir “más allá” en el control de la emigración.

En 2018, unos mil menores no acompañados llegaron hasta Madrid. En lo que va de 2019, se ha acogido a 652.

El Gobierno articuló una línea de financiación de 40 millones de euros para ayudar a las Comunidades que se han hecho cargo de los menores. De ese montante total, Madrid solo ha recibido 1.500 euros por discrepancias en la formulación de su solicitud y en la tramitación de los datos. Atender a los menores cuesta entre 120 y 150 euros diarios por persona, según fuentes gubernamentales.

Ningún municipio madrileño se ofreció a acoger a los menores no acompañados cuando el Gobierno de la Comunidad pidió ayuda. De hecho, tanto el alcalde de Tres Cantos como el regidor de Somosierra mostraron su rechazo a que el Gobierno regional siguiera adelante con sus proyectos de abrir centros de acogida en esas localidades. Los vecinos de Pozuelo también se movilizaron en contra de que se acogiera a varios de esos adolescentes en un piso.

Los 4.100 niños que están bajo la tutela de la Comunidad de Madrid provienen de hasta 50 países distintos, según datos proporcionados por el Gobierno regional. A 30 de septiembre de 2018, la región había tramitado la solicitud de residencia de una decena de menores, según una respuesta parlamentaria.