Ayer finalizó el plazo para que el consejero de Educación de la Generalidad catalana, Josep González Cambray, informe al tribunal de las medidas que ha adoptado desde el auto del 4 de mayo para que todos los alumnos catalanes realicen un 25% de las clases en castellano. En su lugar, el Gobierno catalán ha aprobado in extremis un decreto ley sin fijar porcentajes que intenta convencer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de que se ha ejecutado la sentencia para, de este modo, evitar consecuencias judiciales.

No obstante, el pasado 24 de mayo el Departamento de Educación envió una carta, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en la que daba la orden a los directores y equipos docentes de las escuelas públicas de la región de «no implementar cambios de ningún tipo en la organización curricular» ni «contestar a los mensajes» de las entidades como Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que pidió la ejecución de la sentencia.

Carta enviada a los centros educativos.

La misiva busca proteger a los profesores de no sufrir directamente las consecuencias de una desobediencia. Desde hace meses, distintos colectivos de docentes han reclamado al Ejecutivo catalán que lidere la respuesta a los tribunales para poder alegar que cumplen las órdenes de sus superiores jerárquicos. Incluso aparecieron iniciativas como la de declararse objetores de conciencia lingüística con el fin de incumplir la sentencia sin asumir una eventual condena por desobediencia.

El Gobierno catalán no adopta medidas

Otra derivada de la emisión de la carta es que deja por escrito su voluntad de no adoptar ninguna medida para cumplir con la Justicia catalana. Este medio ha contactado con la Consejería de Educación para conocer si remitirán alguna instrucción para cumplir con la sentencia, pero no han respondido a nuestra petición.

Desde el pasado 25 de enero, la sentencia es firme y de obligado cumplimiento en todas las escuelas públicas de Cataluña. El Gobierno catalán, así como la Abogacía del Estado, dejaron correr el plazo voluntario para aplicarla y fue la AEB, como parte legitimada en el proceso judicial, quien inició un incidente de ejecución.

Posteriormente, el Gobierno catalán fraguó junto al PSC y En Comú Podem un pacto lingüístico para exhibir consenso sobre el catalán. Como informó este medio, este acuerdo no eludía el cumplimiento de la sentencia y las fuentes jurídicas consultadas creen que tampoco lo hace el nuevo decreto educativo aprobado este lunes con el que les blinda, pero desde una perspectiva legal no es así. Intentan mezclar el decreto con la ejecución de la sentencia para esquivar las consecuencias judiciales.

La estrategia del Departamento de Educación es que si se presenta un recurso de inconstitucionalidad ante la nueva norma se gane tiempo -incluso años- hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la cuestión. Sin embargo, este cambio normativo no modifica la situación creada por la sentencia.

El Tribunal Constitucional tiene establecido el derecho a la ejecución de las sentencias como derecho constitucional fundamental amparado por el artículo 24 de la Constitución como derecho a la tutela judicial efectiva. El Alto Tribunal tiene consagrado el principio de que las sentencias deben ejecutarse en sus propios términos así como el derecho a la invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes.

Consumar la desobediencia

Si a lo largo de este martes el Gobierno catalán no diera nuevas instrucciones a los centros educativos ni aportase documentación ante el TSJC de que ha ordenado aplicar el 25% de castellano, el consejero podría enfrentarse a una pena de inhabilitación a medio plazo.

«Solo que el consejero enviara una carta diciendo que a partir de mañana hay que hacer una clase troncal en castellano se daría por cumplida la sentencia, pero no lo hacen», lamentan desde la AEB a instancias de THE OBJECTIVE.

Todo apunta a que se limitarán a publicar en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) el decreto, que se entregará al tribunal como muestra de que han cumplido las instrucciones. En caso de que el TSJC no se diera por convencido, podrá volver a dar un ultimátum o dirigirse directamente a los centros para conocer si están aplicando este 25% de horas lectivas en castellano.

Por su parte, la AEB estudia presentar «nuevas medidas» y pondrá en conocimiento de la Fiscalía esta carta para que determine si hay desobediencia.

(Gentileza The Objetive)