El levantamiento parcial del secreto de sumario de la bautizada como Operación Azud ha puesto de manifiesto el alcance real de una macrocausa de corrupción urbanística que salpica tanto a Partido Popular como a Partido Socialista.

La primera parte de la investigación había situado en el punto de mira a José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá y el hombre al que los principales cerebros de la trama habrían utilizado para introducirse en Valencia en la última etapa de mandato popular. Sin embargo, el sumario pone ahora en la picota a un PSOE sobre el que pesa, incluso, la sospecha de haberse financiado ilegalmente.

A la espera de que la Justicia determine el alcance real de un entramado de sobornos que podría haber movido hasta 7 millones de euros, lo más llamativo del caso es el currículum de los principales investigados. La instrucción sitúa como pagador a Jaime Febrer y su empresa de cabecera, el grupo Axis.

De juez a conseguidor

El intermediario sería el abogado José Luis Vera, quien -según se desprende de la parte del sumario que acaba de salir a la luz- habría cobrado 1,3 millones de euros en mordidas por favorecer los intereses de grandes promotoras en diversas administraciones socialistas. La gran paradoja es que Vera, exmagistrado de la Audiencia de Valencia, había sido fichado como asesor del PSOE en 2015 para limpiar la corrupción del PP en la Diputación, tras los escándalos protagonizados por Alfonso Rus o Marcos Benavent, el autodenominado ‘yonqui del dinero’.

Los socialistas sacaron pecho del nombramiento de un hombre que, en los 8 años que ejerció como magistrado, llegó a participar como ponente en más de 2.500 resoluciones y que, ya como abogado, había colaborado en las acusaciones populares de casos tan mediáticos como el Terra Mítica o el caso Fabra.

Sin embargo, la documentación recogida en el sumario de la operación Azud pone en entredicho la imagen de jurista intachable que los socialistas vendieron en 2015, ya que sugiere la existencia de toda una serie de facturas falsas entre el empresario Jaime Febrer y el propio Vera, con el objeto de dar apariencia de legalidad a lo que realmente eran «servicios inexistentes», en palabras de la juez. Para ello, previamente se firmaban «contratos de servicios en los que se especificaba de forma muy laxa los trabajos a realizar».

Sospechas de financiación ilegal

En total, «directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU, entre los años 2007 y 2012, (Vera) percibió, por lo menos, de las empresas del Grupo Axis más de 1.341.086,36 euros», cantidad que, según el relato de fiscal, habría recibido por actuar como «intermediario al objeto de que la persona que le paga, Jaime Febrer, consiga sus propósitos de favor en la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los mismos».

Es más, el Ministerio Público sostiene que el abogado -que, además, está casado con el exdiputada socialista María Antonia Armengol- también aparece de forma indiciaria como «partícipe en que parte de dicho metálico fuese a sufragar la campaña electoral del Partido Socialista, todo ello mediante la utilización de sociedades interpuestas al objeto de desconectar la fuente del dinero». Un currículum que, cuanto menos, resulta paradójico para quien, presumiblemente, había llegado a la Diputación de Valencia en 2015 para limpiar la corrupción del PP.

Sin embargo, y a pesar de que hace tiempo que el PSOE era consciente del alcance de la investigación, Vera se ha mantenido hasta el pasado 3 de mayo como asesor jurídico de la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa, gracias a su relación con el entorno de confianza del presidente valenciano, Ximo Puig.

(Gentileza de Libertad Digital)