La primera decisión adoptada por la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, tras su reciente renovación (cedida por el PP de Casado-Egea), ha hecho saltar todas las alarmas jurídicas.

Varios expertos consultados por El Debate sobre la legalidad de que un ente público malversado (la Generalidad de Cataluña) avale a quienes lo malversaron, califican la posición del órgano fiscalizador de «disparate» e «infamia», tras aceptar los recursos presentados por los golpistas y en contra la resolución inicial de la delegada instructora Esperanza Gracia que consideró inadmisible dicha posibilidad.

En línea con la tesis sostenida por Gracia, magistrados, catedráticos y abogados especializados en Derecho Contencioso-Administrativo coinciden en que ley española no permite respaldar con cargo al erario público el patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración «que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros».

Sin embargo, la nueva mayoría progresista de la Sala de Enjuiciamiento del órgano administrativo, que no tribunal de Justicia, decidió cambiar de opinión, en contra de la expuesta por la presidenta de la misma –a propuesta del PP, Rebeca Laliga– y admitir los avales aportados por la Generalidad, a través del Instituto Catalán de Finanzas, para afrontar la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a 28 de los cabecillas del procés por su promoción en el exterior.

Los dos nuevos consejeros, designados por el PSOE, Rosario García Alvarez y Diego Íñiguez, coincidieron en aceptar el mecanismo de garantía propuesto por el Gobierno catalán para proteger a sus altos cargos ante procedimientos judiciales.

Una situación que ha llevado a la consejera del Departamento Primero, Rosario García, a redactar un pronunciamiento que se ha adoptado sin pasar el filtro del Pleno de la institución.

Precisamente ese cambio de sensibilidad ideológica que ha propiciado una situación tan inédita como favorable a los líderes del separatismo catalán condenados por el Supremo, no sólo protegerá sus bienes personales de futuros y eventuales embargos del Estado español sino que, además, hará reversibles las fianzas por valor de 9,5 millones de euros que fueron consignadas con cargo a la denominada «Caja de Solidaridad» del independentismo.

No cabe recurso

Los mismos juristas han destacado la dificultad de que pueda prosperar en los tribunales cualquier acción –casación o amparo– contra la resolución administrativa firme, ya que «los únicos legitimados serían los propios beneficiados» con la polémica decisión del Tribunal de Cuentas y la Abogacía del Estado. Fuentes próximas a la institución han apuntado a El Debate que los letrados públicos no barajan, por el momento, la posibilidad de impugnar dicha decisión.

«Pagar responsabilidades personales con fondos públicos es muy, muy novedoso», aseguran los expertos. Los mismos que han llamado la atención sobre cómo mientras el separatismo ha recibido con agrado el cambio ideológico que ha atendido a sus intereses, en el seno del Tribunal de Cuentas; «seguramente criticarían la misma situación, pero a la inversa, si fuese la mayoría de las Sala Tercera del Supremo, pendiente de resolver el recurso de súplica de PP y Vox contra la decisión de confirmar los indultos, la que cambiase a un signo conservador» concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Dos nombres netamente socialistas

La llegada de la magistrada de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid María del Rosario García Álvarez fue un cambio de última hora en las quinielas de la renovación del Tribunal de Cuentas, pactado entre PP y PSOE para evitar que el control de la Sala de Enjuiciamiento, autora de la polémica decisión de los avales, quedase en manos del candidato de Podemos, el abogado del Colegio de Vizcaya Luis Antonio Ortiz de Mendívil. No en vano, dicho Departamento del órgano fiscalizador es el encargado de ejercer la función jurisdiccional y, por lo tanto, de decidir sobre las fianzas a los líderes del procés por el gasto público destinado a las embajadas catalanas en el exterior o Diplocat.

Su nombramiento por el Senado, además, se produjo técnicamente fuera del plazo inicialmente concedido por la Mesa del Congreso a los partidos para presentar sus listados –el día 26 de octubre, a las 10:30 horas– ya que fue registrado un día después, el 27.

Por su parte, el también magistrado Diego Íñiguez, quien entró como sustituto de otra magistrada y exministra de Aznar en 1996, Margarita Mariscal de Gante, fue hasta el año pasado el jefe de gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles. La propia Robles manifestó su disconformidad con que Íñiguez abandonase su cargo, de confianza. El candidato socialista ha sido director adjunto del gabinete de María Teresa Fernández de la Vega durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y consejero en la Embajada de España en Alemania.

(Gentileza de El Debate)