La aprobación de una Ley de Amnistía total, a falta del trámite formal de su convalidación en el Congreso, supone uno de los hechos más ignominiosos de la historia democrática española, cuyo Estado de derecho queda maltrecho y desamparado por la aceptación de un burdo chantaje político por parte de Pedro Sánchez.

Ninguna amnistía es fácil de asumir sin dos condiciones innegociables: que gocen de un amplísimo consenso social y que, además, cierre de verdad un conflicto con la aceptación de unas reglas del juego únicas, para todos y sustentadas en el deseo sincero de consolidar la convivencia.

Y resulta obvio que ninguno de los dos requisitos se reúne en una burda extorsión que premia a su autor y convierte al extorsionado en un rehén de sus delirantes objetivos. Ni existe en España un respaldo social a la medida de gracia, sino todo lo contrario, ni el independentismo acepta la legalidad constitucional, asume sus excesos y hace un honesto propósito de enmienda que pase, indefectiblemente, por la renuncia a los objetivos y los medios que le llevó a delinquir.

Sánchez, simplemente, se compra el poder que no le dieron las urnas a cambio de asumir un «impuesto revolucionario» que redobla la disposición de los amnistiados a repetir su trágico comportamiento, con menos obstáculos legales y más legitimidad política, fruto del blanqueamiento de sus tristes andanzas.

La infamia del Gobierno quiebra la convivencia en España, ataca a la separación de poderes, destroza la autonomía judicial y conmueve los cimientos de la propia Constitución, todo ello a cambio de un botín sin otro interés que personalísimo de Pedro Sánchez.

¿O acaso alguien puede sostener, sin bajar la mirada, que Puigdemont, Otegi o Junqueras interpretarán esta ley como un freno a sus aspiraciones? La «reconciliación» de la que habla Sánchez para justificar su tropelía queda anulada, nada más pronunciarse, por las declaraciones de los amnistiados, que lejos de aprovechar la oportunidad para retomar el consenso constitucional, lo hacen para relanzar el procés con la infame complicidad del Gobierno de España.

Porque la amnistía no es el final del conflicto, sino el primer paso de la independencia, como se han encargado de reiterar los líderes secesionistas. Los indultos, la anulación del delito de sedición, la devaluación del de secesión, la aceptación de un mediador internacional, la condonación parcial de la deuda catalana o la impunidad rubricada por Sánchez son pasos previos para el referéndum de autodeterminación, como se encargaron de reflejar en el documento oficial sellado por PSOE y Junts para desbloquear la investidura.

Todo ello convierte a Sánchez en un secuestrado de los enemigos de España, en un conspirador contra el Estado de derecho y un peligro para la democracia como no se recuerda, en la práctica, desde 1978.

Porque si la única manera de ser presidente de España era asumir como propio todo aquello que debiera combatir, nadie decente lo hubiera aceptado. Él lo ha hecho, de forma reiterada, y ahora se merece una respuesta histórica, cívica y contundente de la sociedad española, a la que ha agredido sin otra razón que colmar su lamentable codicia personal.

Junto a esto, las instituciones españolas y europeas han de hacer su trabajo, ya con todas las cartas sobre la mesa, incluyendo la impunidad al terrorismo o la traición que la amnistía consagra.

No se entendería nada bien que, ante un abuso tan evidente, se renunciara a plantar cara allá donde se pueda: las Cámaras, Bruselas, los juzgados y, por supuesto, la calle. Porque España está siendo atacada, con el impulso y la complicidad de un presidente desesperado y capaz ya de cometer la peor tropelía imaginable en nombre de su prosaica supervivencia.

(Gentileza de El Debate-Editorial)