La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya tiene su Ley Maestra de Educación, con la que tratará de frenar la Ley Celaá en la región, tras el apoyo del PP y Vox al texto que se ha votado hoy en el pleno de la Asamblea de Madrid.

El Partido Popular atacó la Ley Celaá y denunció que se hayan cambiado los «criterios de admisión de los alumnos» en la concertada, al eliminar la demanda social para la apertura de centros. Igualmente, alertó sobre la eliminación del español como lengua vehicular.

Los populares subrayaron que su texto evita que los inspectores de educación se nombren a dedo y da «respuesta al ataque contra la libertad» en la elección de centro educativo.

El PP aseguró que se «blinda la calidad de la educación con evaluaciones internas, y la educación especial.

El PP justificó la de la mayoría de las enmiendas de la izquierda en que su objetivo solo era «retrotaer a la Ley Celaá», y calificó de «hipocresía» que se hable de «atropelló» cuando «aprobaron la Ley Celaá, sin consenso, sin diálogo con las comunidades, sin expertos y sin dictamen del Consejo de Estado».

Más Madrid vaticinó que esta ley «es el final del modelo de educación pública» y aseguró que el Gobierno de Ayuso «está en contra de la libertad y no engañan a nadie»

El PSOE ha denunciado el «choque frontal» con la democracia que supone el texto, criticando los principales puntos de la norma que defiende el PP. Respecto a la libertad de elección de centro, se preguntaron «cómo se va a garantizar si han sido incapaces de construir centros educativos demandados por la ciudadanía».

En relación a la educación especial, afirmaron que va en contra de la Convención sobre derechos de personas con discapacidad de la ONU, que dice que «tienen derecho a una educación inclusiva». Finalmente, en cuanto a la educación concertada, criticaron su «defensa desmesurada, engañando a los padres» sobre la ley del Gobierno de Pedro Sánchez y diciendo que «se iban acerrar todos los centros concertados».

Los socialistas calificaron de «desastre absoluto» la tramitación parlamentaria, que se ha querido hacer «rapidito y sin escuchar a la oposición», subrayando que la ley es la consecuencia del «soporte político de los acuerdos con Vox». Finalmente, lanzaron una advertencia: «Nunca una ley autonómica estará nunca sobre una nacional».

Vox mostró su satisfacción por esta ley que beneficiará, fundamentalmente, a los niños de Madrid:«Hoy aquí se aprueban más derechos subjetivos y positivos para los ciudadanos de Madrid, que van a tener muchas más oportunidades. Ningún español va a tener más cobertura que un madrileño.»

Unidas Podemos definió como «atropello parlamentario» la tramitación de esta ley, afirmando que ha sido un «paripé democrático» y animó al Gobierno de Sánchez a presentar un recurrirla.