No es la primera vez que un Gobierno socialista se plantea una descentralización de la Administración General del Estado, tal y como la que pretende ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En el año 2004, el Ejecutivo central aprobó el real decreto 2397/2004 por el que se trasladaba a Barcelona la sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones de Madrid después de que unos meses antes los entonces presidentes del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la Generalitat, Pasqual Maragall, llegaran a un acuerdo.

Dos años más tarde, el Tribunal Supremo anulaba el traslado al estimar los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y un grupo de funcionarios. Su argumento fue que eran insuficientes algunos de los informes emitidos en el procedimiento de elaboración del Real Decreto que regulaba el cambio de sede.

La explicación que entonces dio el Ejecutivo para dar el paso es que el cambio respondía «a la lógica y a principios inherentes a la naturaleza del Estado de las Autonomías». El acuerdo del Consejo de Ministros daba un margen de un año a la CNMT para materializar el cambio de localización.

La Comunidad de Madrid, entonces gobernada por Esperanza Aguirre, recurrió el traslado con un argumento similar al que ahora plantea Díaz Ayuso: «Está basada en simples motivaciones políticas de oportunidad o conveniencia», decía.

El cambio de sede se ejecutó, pese a que Madrid pidió medidas cautelares hasta que se resolviese el recurso. Otro de los argumentos que esgrimió entonces es que no existían causas jurídicas, técnicas, económicas o de cualquier otra índole que aconsejaran la medida.

Además, la Comunidad entendía que el lugar idóneo para establecer la sede era la capital española «donde están el 90% de las empresas de telecomunicaciones y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones».

Un grupo de trabajadores de la CMT interpuso otro recurso para evitar el traslado. Se amparaban en la idea de que era «ilegal y nulo» porque vulneraba la Ley General de Telecomunicaciones que recogía que era el consejo regulador el que tenía que decidir la ubicación de su sede, con lo que la decisión del Gobierno invadía competencias.

El traslado provocó la dimisión de Carlos Bustelo, entonces presidente del organismo, que se negó a ir a Barcelona y luego Esperanza Aguirre le ofreció la presidencia del Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid. Bustelo llegó a comparar el traslado como «una deportación».