El delegado del Gobierno en Madrid habló hace unos días de autorizar manifestaciones de hasta 500 personas con motivo del 8-M y la Consejería de Sanidad cree que ese ha sido el desencadenante de una avalancha de peticiones. Todo un efecto llamada para la presentación de peticiones de convocatoria ajustadas a los criterios que Franco aireó el miércoles: una asistencia por debajo del medio millar de personas además de un compromiso con medidas de seguridad como la distancia social y la obligatoriedad de la mascarilla.

Y es que si la semana pasada la Dirección General de Salud Pública recibió la solicitud de evaluación técnica de tres manifestaciones, «que se evaluaron de forma independiente y recibieron un informe técnico desfavorable para su realización, se ha observado que, a partir de una serie de declaraciones que se han producido desde la Delegación del Gobierno poniendo 500 personas como un punto de corte que nosotros no utilizamos, en el día de ayer nos han solicitado informe 69 nuevas manifestaciones en las que el número de personas que se quieren manifestar es de 500 personas. Y todas entre los días 7 y 9 de marzo», reconoció ayer la directora de Salud Pública, Elena Andradas.

Fuentes de la Consejería de Sanidad precisan a LA RAZÓN que esas decenas de solicitudes para celebrar 69 actos con motivo del 8-M aún no se han evaluado. La próxima semana, aclaran desde el departamento sanitario del Gobierno de Díaz Ayuso, se elaborará el informe correspondiente a cada una de estas marchas.

Un informe en el que, en contra de lo que Franco aseguró esta semana, no se tiene como criterio único el de la asistencia. «Nosotros estudiamos el riesgo real de cada una de estas convocatorias según se vaya a organizar pero no marcamos un límite por arriba o por abajo», aseguran desde la Consejería de Sanidad, desde la que desmienten la existencia de ese umbral máximo de 500 personas como elemento que permita emitir un informe favorable.

De hecho, antes de emitir el informe final se valora no solamente el número de personas, los lugares donde se va a producir (si es estática y se puede mantener la distancia) o qué recorrido se va a hacer, el tiempo de duración y la posible concurrencia en los mismos espacios con otras manifestaciones en el mismo lugar. En todo caso, quien tiene la competencia para poder autorizar una manifestación es la Delegación del Gobierno pero está sucediendo que, desde que decayó el estado de alarma, en el mes de junio, se solicita a Sanidad un informe técnico sobre la situación sanitaria como paso previo a la autorización.

Ya explicó la directora general de Salud Pública de la administración regional que las solicitudes se van a evaluar individualmente «una a una».

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, insistió, por su parte, en que «nuestra comunidad no está para manifestaciones, la situación epidemiológica no lo aconseja y respaldamos el posicionamiento de la ministra Darias».

Estas 69 solicitudes de convocatoria para el próximo 8-M podrían ser sólo una parte de las que finalmente se pretendan celebrar en la región ya que aún restan días para que otras asociaciones y entidades pidan la autorización a Delegación del Gobierno. La realidad es que sólo con las presentadas hasta el día de hoy, el número total de personas que salgan a la calle para participar en estas marchas se aproximará al de 35.000. Y todo ello dando por hecho que en ninguna concentración se supere ese tope máximo fijado de medio millar de asistentes.