¿Y el dolor quién se lo paga?: Exculpado de la ‘Púnica’ Ignacio García de Vinuesa, ex alcalde de Alcobendas y ex alto cargo del Gobierno de Ayuso, que dimitió al ser imputado de cinco delitos

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado archivar el caso Púnica para Ignacio García de Vinuesa, quien hasta su imputación era comisionado del Gobierno de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo. Estaba investigado en el marco de la pieza separada número 10 de la macrocausa, en la que se investigan los trabajos de reputación online a políticos, durante su etapa como alcalde de Alcobendas.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, con fecha de este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se dirigían contra García de Vinuesa; la que fuera su directora de comunicación (cargo eventual) María Teresa Alonso-Majagranzas, y la gerente del Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alcobendas, Yolanda Sanchís.
El magistrado afirma que de las diligencias practicadas hasta el momento «no se desprende indicio alguno de fraude». Señala que no se ha podido acreditar que los servicios licitados por el consistorio madrileño a las empresas de Alejandro de Pedro -uno de los principales investigados en esta causa- no se prestaran, «o que existiera una corrupta voluntad de desviar fondos públicos con la finalidad de atender a gastos de carácter particular».
Así, concluye que no hay pruebas de que los informes sobre reputación en redes sociales hayan sido encargados por el propio García de Vinuesa, ni de que «los pagos que se efectuaron por el Ayuntamiento de Alcobendas se realizaron precisamente para ‘mejorar la reputación personal del alcalde'».
El juez acordó a principios de noviembre la imputación de García de Vinuesa y los otros dos cargos vinculados al Ayuntamiento de Alcobendas por los delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación.
Explicaba en su auto que, según se recoge en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, los investigados habrían concertado con De Pedro que su empresa Eico realizara trabajos personales al que fuera alcalde entre 2011 y 2014 y que se acomodaría la estrategia para que fuesen los fondos públicos del Patronato Sociocultural de Alcobendas los que abonaran dichos servicios.