La Audiencia Nacional ha dado carpetazo a la investigación abierta por los papeles de Bárcenas. El juez Santiago Pedraz archiva la última causa abierta que quedaba sobre las famosas anotaciones del extesorero del PP siguiendo de esta forma el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que, como informó este medio, pidió el cierre al no poder acreditar la relación entre las donaciones de empresarios al partido con la licitación de adjudicaciones millonarias durante el Gobierno de José María Aznar.

El juez explica en su auto que la causa que se reabrió en 2017 ya no tiene más recorrido toda vez que la prueba ‘estrella’ solicita a Hacienda no arrojó luz al asunto. Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) concluyeron en noviembre que no habían detectado irregularidades en la licitación de todos estos contratos millonarios que se licitaron desde entes como ADIF, AENA, el SEPES (Entidad Estatal del Suelo) y los Ministerios de Defensa, Interior, Fomento y Medio Ambiente.

El informe era determinante en aras a continuar la tramitación de esta causa contra los empresarios donantes del PP o bien archivar las pesquisas. El juez instructor explica que el informe de Hacienda, solicitado en octubre de 2021, «imposibilita establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados». El juez recurre también a las declaraciones prestadas en sede judicial por testigos e imputados así como por el propio Bárcenas, que validó la autenticidad de sus manuscritos.

Fin de los papeles de Bárcenas

El juez reproduce el escrito del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral que recuerda que la financiación irregular «no era delito» en los años en los que se produjeron las licitaciones ya que la reforma penal que introdujo este cambio data de 2015. Así pues, era necesario que los investigadores acreditaran que los pagos que efectuaron empresarios como Rafael Palencia (Degremont) o Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) tenían como fin último «conseguir o facilitar los contratos» públicos.

Sin embargo, la UDEF advirtió en el transcurso de la causa acerca de 23 contratos del Gobierno de José María Aznar que podrían ser irregulares ya que se licitaron coincidiendo con las donaciones a la formación conservadora. Estas licitaciones superaban el total de 660 millones de euros.

Por ese motivo, Pedraz encargó a Hacienda que analizara los contratos adjudicados en los dos mandatos de Aznar. La IGAE ha valorado las licitaciones de la entidad pública SEPES en las obras de la urbanización de Loma de Colmenar (Ceuta) y en el residencial Aguas Vivas, en Guadalajara. También cuatro megaproyectos de ADIF presupuestados en más de 1.600 millones de euros y licitaciones de AENA, ADIF, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Confederación Hidrográfica del Tajo y de Turespaña.

Su conclusión fue que no se identificaban irregularidades en ninguna de estas adjudicaciones porque, aunque la mayoría presentaba sobrecostes de alrededor de un 10%, éstos fueron legales al no superar el límite del 20% que establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Donaciones legales

«Del Informe de la IGAE no se sigue la comisión de los delitos que se investigaban. En el mismo se analiza la forma de contratación, las posibles incidencias de los distintos expedientes, pero en ninguno de ellos se concluye arbitrariedad o irregularidad alguna, y lo que no arrojan es elemento alguno que permita la conexión de dichos contratos con las pretendidas donaciones de los denominados ‘papeles de Bárcenas'», reza el auto del juez.

Por ello concluye que, a pesar de haber examinado los expedientes de contratación de todas las empresas, «no existe elemento que permita inferir, siquiera indiciariamente, que se hayan producido aquellos hechos». «No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical,… que aporte dato incriminatorio alguno; como tampoco de los múltiples informes de la UDEF, Interventores de la Fiscalía e IGAE», sentencia.