Con gritos de «Sánchez bandolero, oposita tú primero» y «¿Dónde están? No sé ven; CCOO y UGT», miles de interinos han exigido «¡Fijeza ya!» al Gobierno de España en una manifestación este sábado por las calles de Madrid.

Esta marcha estatal de empleados públicos ha recorrido durante tres horas la Gran Vía Madrileña para protestar contra la precariedad, el fraude en la contratación y el abuso de temporalidad, que, según los cálculos de los convocantes, afecta en toda España a unas 800.000 personas.

Trabajadores del sector público procedentes de toda España, que en ocasiones encadenan 300 contratos en un año, han denunciado el despido colectivo «libre y gratuito» de los trabajadores temporales de las administraciones públicas.

También han cargado contra la ausencia de inspecciones para detectar el fraude, la ilegalidad y el abuso, así como por la falta de una norma nacional eficaz que prevenga el abuso de la temporalidad, sancione al empleador público y elimine las consecuencias en el trabajador con su estabilización o compensación, según informó Efe.

Este colectivo confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que debe dictar sentencia el próximo 19 de marzo, avale sus reivindicaciones, las de unas 800.000 personas en toda España, esto es, un 30% de los empleados públicos.

Por su parte, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de Sánchez niega este porcentaje y asegura que de los 2,6 millones de empleados del sector público sólo un 21,6% corresponde a interinos, personal eventual y otros; mientras que un 56% es personal funcionario de carrera, y el 22,4 % restante es personal laboral.

Con esta marcha, en la que se ha criticado también a los sindicatos UGT y CC OO, los interinos de la función pública reclaman al Ejecutivo que ordene a todas administraciones territoriales que «no oferten ni una sola plaza ocupada en temporalidad, sin comprobación previa, mediante la correspondiente inspección, de que responde a una causa de temporalidad dentro del plazo máximo legal».

En caso de comprobarse que se trata de una relación temporal indefinida, sin causa legal que justifique la temporalidad, este colectivo pide que «se proceda a la regularización administrativa del contrato o nombramiento convirtiéndolo en fijo, o aplicando el conjunto de medidas que supongan una sanción equivalente, en los términos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)».

La abogada general en el TJUE, Juliane Kokott, dictó un informe a favor de sancionar adecuadamente el abuso de la temporalidad, no solo manteniendo la plaza hasta que se cubra definitivamente con un proceso selectivo —como establece la jurisprudencia española—, sino también estableciendo indemnizaciones para el trabajador afectado lo suficientemente altas como para disuadir al empleador.