La Comunidad de Madrid ha asegurado ayer martes que el Ayuntamiento de Pozuelo no ha presentado ningún recurso “formal” contra que se traslade a un inmueble de la localidad a menores extranjeros no acompañados (MENAS) pese a lo que ha anunciado el Consistorio pozuelero.

“No nos consta ese recurso, tampoco a la entidad con la que se han concertado las plazas”, ha sostenido el vicepresidente regional Pedro Rollán, en rueda de prensa, después de que el Ayuntamiento de Pozuelo haya anunciado que pedirá el cese de actividad del emplazamiento porque no contempla el uso que el Gobierno regional pretende darle.

Fuentes municipales han detallado a Europa Press que, precisamente este martes, el Consistorio ha notificado a la consejera de Políticas Sociales, Lola Moreno, el cese de actividad del piso por incumplimiento de la normativa ya que el planeamiento urbanístico de Pozuelo “no contempla” el uso que la Comunidad pretende dar a la vivienda para que residan los MENAS.

Sin embargo, Rollán ha recordado que tanto ese inmueble como cualquier otro en el que se valora llevar a MENAS cuenta con “la normativa vigente”.

Asimismo, ha explicado que el Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, articula la prestación de este tipo de servicio de primera acogida.

Rollán ha remarcado que todos los inmuebles se valoran con antelación.

Por otra parte, los vecinos de la Colonia de Los Ángeles hablan de lo que les ha contado la alcaldesa Quislant y ven con indignación cómo en un sólo chalé de la urbanización de nueve pareados hay tantos menores y cuidadores como vecinos hay en los ocho restantes.

Lamentan que la Comunidad de Madrid haya autorizado la instalación de menores inmigrantes no acompañados «en una vivienda que no cuenta con las medidas de seguridad pertinentes, dada las características de uso doméstico que tienen las viviendas de la comunidad».

Es más, piensan que «la utilización de las zonas comunes por los menores (una piscina y una amplia pradera) convertiría al resto de vecinos en corresponsables de cualquier problema que se pudiera producir».

Creen que «esta decisión, amparada por la Comunidad, es una irresponsabilidad al convertir a los ciudadanos en co-cuidadores de unos jóvenes tutelados», aseguran.

Pero hay alguien que, por ahora, no está diciendo la verdad.