La normativa que ha sacado adelante el Gobierno de Ahora Madrid y que afecta a la movilidad de los ciudadanos no ha dejado indiferente a las asociaciones de conductores, que esperan a que se publique en el boletín oficial de la Comunidad la ordenanza de movilidad para acudir a los tribunales. Por ésta y por la normativa relativa a Madrid Central, que quiere reducir un 40% la emisión de coches contaminantes a cambio de prohibirles la circulación y el aparcamiento.

De momento, dos de ellas ya han anunciado su intención de optar por la vía contencioso administrativa para recurrir la cascada normativa que expulsa al vehículo privado del centro de Madrid: Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y Dvuelta.

A partir del próximo 23 de noviembre y desde ya mismo, en el caso de que se registren episodios de alta contaminación, tendrán prohibido aparcar y circular una de cada tres motos (el Ayuntamiento considera tan contaminantes como un coche las anteriores a 2003) y el 38% de los coches del parque automovilístico madrileño que carezcan de la pegatina ambiental que emite la DGT. La prohibición abarca las 472 hectáreas de Madrid Central (lo equivalente a casi 500 campos de fútbol).

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) Mario Arnaldo lamenta que el Gobierno de Ahora Madrid vaya a aplicar distintas normativas que afectan a la movilidad de los ciudadanos sin haber hecho previamente un estudio de impacto. «Si lo que pretendía el Ayuntamiento de Madrid era reducir la contaminación, en el distrito de Chamberí, por poner un ejemplo, uno de cada cuatro residentes tienen vehículos contaminantes y no disponen de etiqueta ambiental, por lo que la norma no tiene mucho sentido si lo que se pretende es mejorar la calidad del aire».

El presidente de AEA tiene serias dudas sobre cómo se van a poner en marcha las restricciones del tráfico a Madrid Central porque «es un requisito llevar en lugar visible la etiqueta ambiental, pero la ordenanza de movilidad dice que la medida no entrará en vigor hasta dentro de seis meses».

Otro de los aspectos a los que la organización de defensa de conductores va a prestar especial atención es todo lo relativo a las cámaras de vigilancia. «Queremos saber quién va a realizar el control de las cámaras porque, desde el punto de vista jurídico, no están sometidas a ningún control metrológico».

A ello se une el «efecto frontera» que se va a crear en toda la ciudad con las zonas que delimiten con el área de Madrid Central, explica Arnaldo, mientras que «el transporte público habrá que ver si es verdad que puede absorber la demanda de viajeros que quieran acceder al centro de Madrid y se vean obligados a dejar su coche».