La Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACORS) carga contra la Oficina Antifraude impulsada por Ahora Madrid. Esta entidad que impulsó originariamente este organismo está completamente aislada de los trabajos del equipo de gobierno y ha demostrado a través de 10 claves por qué están en desacuerdo con el proyecto de Carmena.

En una carta que adelanta OKDIARIO, establecen las 10 razones por las que ACORS pide al Consistorio que no apruebe el proyecto de reglamento elaborado en el próximo Pleno municipal.

En primer lugar, denuncian que el proyecto de reglamento establece su propio criterio de “corrupción” sin ningún soporte legal. Será el director quien lo determine incluyendo la “mala administración intencionada”.

Critican, igualmente, que la oficina solo tenga competencias regladas el director. El Consejo Asesor es un órgano meramente de apoyo y piden que sí que tenga capacidades funcionales de transcendencia.

Este grupo de expertos cargan contra el procedimiento de selección. Explican que es “desacertado” que sea el propio Director quien eleve al Pleno su propuesta de designación. No aceptan que en segunda vuelta con mayoría absoluta sea suficiente. Consideran que la Junta de Gobierno, actualmente en manos de Ahora Madrid, debe ser quien pueda designar a quien quiera sin contar con casi la mitad de la representación municipal.

Tachan de “especial gravedad” que sea incompatible ser director con prácticamente todo. No puede estar ejerciendo cualquier actividad profesional mercantil o laboral, que procedan de organizaciones sin ánimo de lucro o que sean miembros de la carrera judicial.

En relación con el director, piensan que debe tener unas “capacidades extraordinarias”. No consideran posible que una única persona sea capaz de, sin un equipo especializado, calificar conductas inapropiadas desde un punto de vista civil, penal, administrativo y fiscal.

La Oficina según el reglamento quedará “a expensas de la voluntad del Pleno que decidirá sus medios económicos y humanos“. Rechazan que una comisión municipal o el Pleno tengan esta competencia. La única alternativa sería, a su parecen, una comisión propia e independiente.

Del mismo modo, no les satisface de ningún modo cómo se plantea la resolución de cada proceso. El director ha de emitir un informe sobre las irregularidades y responsabilidades pero, dicen, no se plantea que tenga que denunciar sino simplemente “una comunicación sin un protocolo para que ésta sea eficaz”.

La función inspectora es para ACORS “especialmente preocupante”, sostienen que “otorgan poderes frente a funcionarios sin ninguna garantía procesal y, para colmo, se introduce la posibilidad de ir acompañadas de un letrado como si fuera un proceso judicial“. Establecen que es una “policía política”.

Consideran que tampoco hay garantías suficientes para los denunciantes anónimos. Añaden que “existe cierta confusión potencialmente perturbadora al solapar la Oficina con la Inspección General de Servicios que ya existe”.

Por último y “en definitiva”, para estos expertos la configuración y las competencias de la Oficina despiertan “dudas sobre su legalidad”.

Piden, por tanto, al PSOE que se una a PP y Ciudadanos que propondrán, si todo va según lo previsto, una enmienda a la totalidad a este reglamento. “La aprobación de este Reglamento supondrá defraudar las expectativas de los ciudadanos que demandan una institución eficaz e independiente en la lucha contra la corrupción”, concluyen.