La nueva consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid Yolanda Ibarrola quiere mejorar con nuevas tecnologías la administración judicial tanto para los profesionales, como para los ciudadanos.

De este modo, en el periodo 2015-2017 se han destinado más de 32 millones de euros a través de Madrid Digital para la modernización tecnológica de la Administración de Justicia y en lo que va de año se va a destinar otro millón y medio para implementar nuevas mejoras.

«Es necesario pasar de un sistema tradicional de gestión a un sistema innovador por el bien de los ciudadanos, porque da calidad de vida y protege sus derechos», considera Ibarrola.

Una de las medidas más importantes es que, para finales de año, todas las salas de vistas de la Comunidad de Madrid contarán con un sistema de videoconferencia para poder declarar a distancia.

Esto supondrá un ahorro de tiempos y de dinero a la Administración muy importante, ya que si el testigo vive en otra provincia, se le paga el billete. «Si hay suspensión tiene que volver otro día y volvérselo a pagar», explica la consejera.

También está siendo fundamental en la agilización de la Justicia madrileña la puesta en marcha el pasado febrero de la sede judicial electrónica que permite a jueces, fiscales y abogados, así como a los usuarios, acceder a multitud de trámites que antes eran presenciales a través de Internet y que, en breve, se va a ampliar.

Actualmente, ciudadanos y empresas pueden entrar a sedejudicial.madrid.org y presentar escritos, realizar apoderamientos Apud Acta y consultas judiciales. Posteriormente, se va a incorporar un servicio de notificaciones telemáticas.

Mediante esta aplicación web, a la que se accede desde el Portal de Justicia de la Comunidad de Madrid, se facilita también la localización exacta de la sala donde se va a celebrar la vista, la hora señalada y el estado en el que se encuentra.

También se gestionan los señalamientos de los juicios, las reservas de las salas de los órganos judiciales y las sustituciones de los secretarios y magistrados, evitando desplazamientos innecesarios tanto de los juristas como de los ciudadanos.