El uso injustificado de vehículos y teléfonos móviles de la Comunidad de Madrid es el centro de la acusación que el Gobierno regional ha hecho contra seis ex trabajadores vinculados al Gobierno de la entonces presidenta Esperanza Aguirre.

El escrito de calificaciones provisionales desvelado por la Cadena Ser y al que también ha tenido acceso a EL MUNDO explica que «entre los meses de marzo y mayo de 2008 se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional de la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían».

Continúan los servicios jurídicos del Gobierno de Cristina Cifuentes argumentando que «esas personas desarrollaron la actividad anómala en el marco de la entonces Dirección General de Seguridad» y que su entonces director, Sergio Gamón, y el subdirector Miguel Castaño «encomendaron tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes administraciones».

Aprovechando que la Comunidad de Madrid había dotado a la Dirección General de Seguridad de teléfonos móviles corporativos y vehículos oficiales, Sergio Gamón «ordenó realizar las actividades anómalas, implicando para ello el uso indebido de los efectos facilitados por la Administración».

El escrito acusatorio considera que los otros cuatro procesados utilizaron esos medios que la Comunidad había dispuesto para su trabajo verdadero y después reportaban tanto a Gamón como a su segundo. Estos cuatro eran los miembros de la Dirección de Seguridad que ejercieron presuntamente las labores de espionaje a políticos que no estaban en la órbita de Aguirre, como el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, su vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada.

Desde que se conoció este caso en el año 2009 por una información del diario El País y se judicializó, la juez encargada de la investigación llegó a archivar tres veces esta causa, ante la dificultad de cuantificar la presunta malversación ejercida en el espionaje. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó otras tantas veces la reapertura del caso, la última vez en junio de 2015, y precisamente en esos autos de reapertura se apoya también este escrito de acusación para afirmar que existen profundos indicios de criminalidad.

En cuanto a la solicitud de las penas, la Comunidad pide multas por un delito de malversación en el uso de caudales públicos que oscilan desde los 18.500 euros para Sergio Gamón, al que añaden el agravante de prevalerse de su cargo público para ordenar el espionaje, hasta los 1.825 para los cuatro trabajadores de la Dirección General de Seguridad considerados como autores materiales de los seguimientos: José Luis Caro, José Manuel Pinto, José Oreja y Antonio Coronado. Para el subdirector Miguel Castaño, la Comunidad pide una pena de multa de 9.000 euros al considerarle, igual que a su ex jefe, cooperador necesario en esta oscura trama. Finalmente, para todos ellos se solicita la suspensión de empleo o cargo público durante tres años en el caso de los responsables, y uno en el de los espías rasos.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y ex presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha asegurado que durante su mandato ni ordenó ni consintió el supuesto espionaje con fondos públicos a cargos del PP ocurrido en 2008 y que la abogacía de la Comunidad pide que se juzgue, según informa Efe.

«Alguna vez he dicho que había otras razones en esas actividades, pero en fin», ha añadido Aguirre, quien ante la insistencia de los medios ha señalado que se trataba de «cuestiones de índole particular y amorosa» en las que no ha querido entrar.