El Ayuntamiento de Madrid acaba de poner en marcha una nueva estrategia para luchar contra la venta ambulante ilegal con una modificación incomprensible.

Esta modificación se produce justo después de la creciente controversia con el llamado «top-manta» en la capital, pero también en otras grandes ciudades como Barcelona o Sevilla, donde se han producido agresiones a ciudadanos e incluso carreras que han acabado con personas hospitalizadas por traumatismos.

La nueva hoja de ruta para los agentes locales tiene una premisa básica: priorizar el orden público y la seguridad, tanto de los ciudadanos como la de los propios funcionarios del Cuerpo, sobre el levantamiento de las «mantas».

Llama la atención que se elabore el documento justo cuando los propios concejales de Carmena niegan que haya un incremento de «manteros» (ABC informó la semana pasada de que se ha duplicado su número y ya son más de 350 solo en Centro), aludiendo a que es una mera «percepción visual».

El comisario general de la Policía Municipal Teodoro Pérez firmó el pasado viernes una instrucción, elevada ya a todas las unidades y a la que ha tenido acceso el diario ABC, sobre «Medidas de evaluación de riesgos y autoprotección ante la venta ambulante no autorizada».

Se lo considera «un fenómeno cambiante, con características diferentes según la naturaleza de los productos que se venden, la actitud de las personas que ejercen la actividad o la densidad de los espacios que ocupan. Se trata de un fenómeno global y complejo que va más allá de la estricta intervención policial», reza la instrucción, de nueve páginas.

Se trabajará bajo las premisas de «oportunidad, proporcionalidad y congruencia», aquellas que rigen el control de masas, «para evitar las actividades contrarias a las normas, reforzar el principio de autoridad y evitar ocupaciones intensivas del espacio público». Habrá denuncias administrativas, mediación en conflictos entre comerciantes y ambulantes ilegales, prevención y decomiso de material y productos peligrosos o insalubres. Los jefes de las Unidades de Distritos analizarán los avisos, denuncias y lugares más problemáticos.

Se establecerán tres niveles de ejecución: bajo, moderado y alto. En función de ello, se planificará el servicio. Adecuando la actuación de la Policía Municipal, «en situaciones excepcionales, cuando se encuentren en riesgo bienes jurídicos de mayor relevancia del que se quiere proteger, como puede ser la seguridad de los distintos intervinientes».

Asimismo, siempre se extenderá acta de la denuncia administrativa, se evitarán los coches policiales por las aceras y espacios para peatones en general, y, en caso de posible conflicto (riesgos medio o alto), por alteración del orden público, darán aviso inmediato al Cuerpo Nacional de Policía.

Desde ahora, existe un mes para elevar a la Jefatura del Cuerpo un informe a la División de Planificación y Coordinación Territorial, que será analizado. E insiste el comisario general: «Uno de los objetivos principales es el de priorizar la seguridad de los ciudadanos y de los miembros de la Policía Municipal».