El Atlético de Madrid se mudará en junio de 2017, cuando concluyan las obras, al estadio de La Peineta, pero antes habrá solucionado el problema que más le preocupa dentro de un embrollo urbanístico a varias bandas y con muchos flecos pendientes. El club quiere tener en propiedad la parcela municipal sobre la que está levantando su estadio, y por el precio pactado con el Ayuntamiento (44,5 millones de euros). El año pasado esa compra se frustró por diferencias con la Comunidad de Madrid que, tras las elecciones de mayo, parecen solucionadas.

La Operación Calderón tiene tres campos de batalla, y la intención del gobierno municipal (Ahora Madrid) y del club es solucionarlos al alimón antes de la próxima primavera. Como adelantó EL PAÍS, el Atlético ha recomprado a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) los derechos de superficie de la parcela del estadio Vicente Calderón, que pretende vender el año que viene. Ha aceptado para ello modificar el plan urbanístico actual, aprobado en 2014 por el anterior gobierno local (PP) y que no gusta al actual. Rebajará la edificabilidad, y renunciará a los dos rascacielos previstos, siempre teniendo en cuenta que la venta del suelo debe reportarle unos 170 millones de euros. Esa es la cantidad (con intereses) que ha pedido prestada a Carlos Slim, máximo accionista de FCC, para acabar La Peineta. La constructora ha salido de esa obra, presupuestada en más de 200 millones, sin indemnización.

En paralelo a ese cambio urbanístico, el Ayuntamiento prevé aprobar el que afecta al antiguo anillo olímpico, un ámbito de 1,13 millones de metros cuadrados en el distrito de San Blas-Canillejas donde, además de La Peineta, se encuentra el Centro Acuático, a medio construir y abandonado desde el fracaso olímpico. Se trata de suelo municipal, incluida la parcela del estadio del Atlético.

El club está dispuesto a asumir el Centro Acuático (que ha costado 55 millones de dinero público pero necesita otros 50 para acabarse), convirtiéndolo en centro deportivo y de ocio para sus socios, oficinas y residencia de jugadores, y en un polideportivo de uso público como desea el Ayuntamiento. Levantaría además una ciudad deportiva a su alrededor, con 11 campos de fútbol. Todo ello, en régimen de concesión, sobre suelo público que en unas décadas revertiría a la ciudad.

Pero por lo que no pasa es por no tener su estadio en propiedad.