El proyecto de Nacho Murgui para el distrito de Retiro bajo el Scalextric de Pacífico ha puesto en alerta al PP y Ciudadanos por el presumible trato de favor a asociaciones afines, tal y como reveló ayer ABC.

Ana Román, del grupo municipal popular, cree que el edil actúa como «el cacique del barrio» y comparte la opinión con Silvia Saavedra, de C’s, de que su gestión en este caso está marcada por el «oscurantismo y la opacidad». Ambas estarán «vigilantes» para no haya irregularidades.

En el plan, con una partida de 187.000 euros en los presupuestos para 2016, participan varios colectivos afines a Murgui. Algunos son el centro social Seco, creado por el concejal de Ahora Madrid en 1991; Acción Poética Retiro, vinculado al 15-M y a la entidad anterior; y la Asociación de Vecinos Los Pinos Retiro Sur, presidida por el propio Nacho Murgui antes de su llegada al Ayuntamiento.

Si bien las asociaciones son las impulsoras del plan para los bajos del scalextric de Pacífico, no queda claro de qué forma participarán. Si el Consistorio quiere que el espacio sea gestionado por entidades ajenas a la Administración, está obligado por ley a sacar a concurso el proyecto, algo que todavía no ha hecho a pesar de anunciarlo y hablar incluso de los plazos de ejecución. Si opta por que la Junta de Distrito, que él preside, sea la responsable, no se entiende la presencia de tales colectivos en su desarrollo.

«El PP no tiene ningún conocimiento de este proyecto más allá de que está en los presupuestos. Se ha actuado con opacidad, falta de información, ineficacia en la gestión y presumible trato de favor», declara Román a ABC, al tiempo que acusa a Murgui de comportarse como el «cacique del barrio»: «Esto no es un club de amigos y debe respetar la ley de contratos».

Saavedra destacó su «preocupación» por que este procedimiento se ha convertido en algo habitual. «En un año, el Gobierno se ha caracterizado por prácticas de amiguismo, como dar subvenciones a afines o colocar a gente vinculada con Ahora Madrid o por parentesco», añadió. PP y Ciudadanos, que coinciden en la «ilegitimidad» del plan porque hay pruebas de «amiguismo y trato de favor», avanzaron que en caso de irregularidad acudirán a la Comisión de Vigilancia de la Contratación. «Si ha firmado la subvención ha cometido una ilegalidad, porque debía abstenerse», aseveró la edil de Ciudadanos.

Respecto al papel de las asociaciones, en la web de Pacífico Puente Abierto se habla abiertamente de debates entre estas entidades sobre la «gestión del espacio». Además, señalan como «amenazas» para la viabilidad «la burocracia, los contratos menores, las negociaciones y el seguimiento con la Junta de Distrito». Entre las ventajas, el «apoyo político desde la Concejalía».