Inés Sabanés tiene que pedir disculpas: La concejala Rommy Arce dice que los funcionarios de Madrid están “comprados”
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha pedido disculpas este miércoles en nombre del Gobierno municipal por el “malentendido” protagonizado por la polémica concejal Rommy Arce. A petición del grupo municipal del PP, Sabanés ha tenido que rectificar unas palabras de Arce. Esta edil de la rama anticapitalista afirmó que los inspectores de basura “están comprados al tener una connivencia clara con las empresas de limpieza”. Por el contrario, Sabanés no ha llegado a reprobar públicamente a Arce, como le exigían los de Esperanza Aguirre.
“No voy a reprobar públicamente a la concejal, sí pido disculpas en nombre del Gobierno municipal por el malentendido y doy la cara aclarando las circunstancias“, ha afirmado la política de Equo. Sabanés ha confirmado su “total confianza con los trabajadores e inspectores que desarrollan esa tarea”.
Inés Sabanés ha pedido tener en cuenta el “contexto de la situación, de un enorme conflicto con la limpieza en Usera”, el distrito “más penalizado” por incumplimientos en limpieza. Reconoce que esas declaraciones “no se ajustan a la realidad”.
Para el concejal del PP Borja Carabante, las declaraciones de Rommy Arce son “deleznables y bochornosas”. “Lo del contexto da lo mismo, lo importante es que se ha imputado un delito a funcionarios”, ha espetado a la concejal ecologista. Le ha exigido que “vaya a los tribunales” si son conocedores de trabajadores comprados y si no “reprobar” a Arce, pidiendo perdón a los trabajadores por parte de Arce, Sabanés y la alcaldesa, Manuela Carmena.
“Arce está incapacitada para seguir siendo concejal al imputar un delito a funcionarios de esta casa”, ha reprochado el popular. “No se da cuenta de que ya no es una activista okupa, una activista callejera sino una respetable concejal de este Ayuntamiento”, añade Carabante, “llueve sobre mojado con Arce, porque fue quien puso un cartel en la Junta del distrito en el que decía que “si los vecinos veían un okupa no llamaran a la Policía“.