¿Está cometiendo prevaricación la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón Susana Pérez Quislant?

Esa es la pregunta que se hacen muchos funcionarios en el Ayuntamiento de Pozuelo y muchos ciudadanos en la propia ciudad de Pozuelo.

Y todo parece indicar que sí. Que, presuntamente, la señora alcaldesa de Pozuelo está cometiendo prevaricación. Y, presumiblemente también, de una manera continuada.

Y es que si la alcaldesa Susana Pérez Quislant consiente que siga emitiendo la emisora ‘Pozuelo Radio’, una radio ilegal ubicada en suelo público, sabiendo que es ilegal, eso está tipificado como prevaricación. Presuntamente, insisto. Y la alcaldesa sabe que esa radio es ilegal porque se ha publicado en los medios y la oposición ha preguntado por ella en el Pleno del Ayuntamiento. No seré yo, en cualquier caso, quien lo asegure. Yo solo expongo los hechos. Serán los jueces quienes tengan que decirlo.

Pero, para quien no lo sepa, “prevaricación es el delito que cometen los funcionarios públicos al faltar, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes de su cargo”. Y entre los deberes del cargo de la alcaldesa está el cumplimiento de la legalidad. Si la emisora Pozuelo Radio es ilegal y la alcaldesa lo sabe desde hace tiempo ¿por qué la mantiene abierta en un edificio público?

Incluso, aunque se escude en la existencia de un convenio firmado. Convenio que es nulo porque una de las partes ocultó, dolosamente, que la emisora no estaba en la legalidad. Se dice, claramente, en las causas de recisión de dicho convenio. Al menos, en dos.

Y si, además, la alcaldesa Susana Pérez Quislant le está dando, anualmente, a esa radio ilegal unas cantidades importantes de dinero (reconocidas en documento oficial) cuando el convenio dice que no hay ánimo de lucro en la Asociación firmante del convenio, blanco y en botella. Con el agravante, además, de que no existe justificación profesional alguna para darle ese dinero, porque la emisora no tiene audiencia ya que ni siquiera se oye en todo Pozuelo de Alarcón.

Y no se oye, lógicamente, porque a la asociación firmante del convenio le da igual que se oiga o no. De hecho, la pequeña antena que tiene Pozuelo Radio está colgada, ilegalmente también, en un poste de luz del campo de futbol del Polideportivo Valle de las Cañas. Y la alcaldesa también sabe de esta circunstancias y lo permite.

Sólo con estas circunstancias, se crean serias dudas sobre la posibilidad de que alcaldesa esté cometiendo un presunto delito de prevaricación. Está permitiendo, sabiéndolo, que se cometan varias ilegalidades.

Y si, encima, la alcaldesa Susana Pérez Quislant, prestigiosa abogada con lo que sabe de sobra las circunstancias del caso, le está dando dinero a Diario de Pozuelo, otro medio de comunicación de la misma asociación, ubicado también en terreno público y sin siquiera soporte legal ya que en el convenio firmado con el Ayuntamiento no se habla de ningún periódico digital, en perjuicio de otros medios de comunicación, ‘a sabiendas que es una injusticia’, el asunto es bastante feo.

Porque, además, está clarísimo que la alcaldesa de Pozuelo mantiene este privilegio económico con este grupo de comunicación porque, políticamente, le interesa. Presuntamente, también, claro. De hecho, Pozuelo Radio y Diario de Pozuelo no critican nunca al Partido Popular ni al Gobierno de Pozuelo. Hay mil datos que lo demuestran a diario.

Y hay más aún. Si la alcaldesa Susana Pérez Quislant reconoce, en documentos oficiales de su Gobierno, que le está dando importantes cantidades de dinero a Diario de Pozuelo, más que a nadie, sin que este periódico sea el que más lectores tiene de la ciudad, cosa fácilmente demostrable, blanco y en botella también.

Y es que, presuntamente, todas las decisiones que la alcaldesa Susana Pérez Quislant está tomando respecto a este grupo de comunicación son injustas sabiendo que son injustas.

Ante todos estos datos, vuelvo a preguntar ¿está cometiendo prevaricación la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón Susana Pérez Quislant? Yo no lo sé, repito. Que lo digan los tribunales.

Porque me cuentan también que todos estos fundamentos y muchos más relacionados con el texto del convenio (que no se cumple en muchas de sus obligaciones), y, especialmente, con un trabajador del Ayuntamiento, que es el intermediario del presunto delito, ya se están estudiando en un despacho de abogados.

Y diré más, hay gente del propio PP que está de acuerdo en que se estudie este caso porque ya vale de “cositas raras” en el partido.

Tolerancia cero. Lo acaba de decir Cristina Cifuentes.

La Piraña del Meaques